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DICTAMEN N° 016292

junta calificadora no esta obligada a cenirse a la precalificacion, sino que ella es un antecedente informativo que, necesariamente, se tiene en consideracion al evaluar al funcionario, pero que no la obliga, dado que la plenitud de la potestad para evaluar radica en ese cuerpo colegiado. vicia el procedimiento que el precalificador concurra con su voto en el acuerdo de la junta calificadora, pues quien efectua la precalificacion no puede intervenir como miembro del organo colegiado en la evaluacion del servidor. por tanto, si bien un integrante de la junta puede actuar como precalificador, debe abstenerse de participar en el acuerdo de la evaluacion definitiva, siendo sustituido por quien corresponda en el escalafon, en resguardo del principio de doble instancia y a fin de salvaguardar la imparcialidad de la decision del cuerpo colegiado. asimismo, no se ajusta a derecho la constitucion de la junta, al no constar la firma de uno de sus integrantes titulares. las juntas calificadoras deben funcionar con la totalidad de sus integrantes, esto es, tratandose de la junta calificadora central, se constituira con los cinco funcionarios de mayor nivel jerarquico del servicio, excepto el jefe superior, y por un representante del personal elegido por este segun el estamento a calificar. ademas podra intervenir un delegado, con derecho a voz, de la asociacion de funcionarios con mayor representacion, siendo el quorum de funcionamiento, la totalidad de sus miembros. en caso de impedimento de algun miembro, este debe ser reemplazado, conforme art/36 de ley 18834 y art/26 inc/2 del dto 1825/98 de interior. a falta de algun miembro titular de la junta, no procede que la secretaria sea miembro de ella con derecho a voz y voto, pues quienes integran la junta no pueden desempenar al mismo tiempo funciones de secretario, quienes carecen de facultades decisorias. no obstante, si esa funcionaria ocupa una de las cinco primeras categorias del servicio, excluido el jefe superior del mismo, integrara el cuerpo evaluador como miembro, con preferencia al desempeno de su calidad de secretaria, ya que de esta manera tendra derecho a voz y voto. ha procedido rechazo de presidente de la junta evaluadora de la solicitud de tener acceso a las actas de sus sesiones, dado que la normativa vigente no contempla esa prerrogativa, considerando que el procedimiento de que se trata es esencialmente reglado. la resolucion de la junta debe estar suficientemente fundada, para que los calificados puedan asumir adecuadamente su defensa por la via de interponer los recursos que franquea la ley y para que puedan mejorar su comportamiento laboral en el siguiente periodo, en aquellos aspectos que le han significado una disminucion en su evaluacion. el que se excedan los plazos para la notificacion del fallo de la apelacion no vicia de ilegalidad el procedimiento, porque los plazos que las leyes senalan a la autoridad administrativa no son fatales. las presentaciones efectuadas por las asociaciones de funcionarios, deberan, en el futuro, acompanarse de la solicitud en que expresamente el afectado requiera su intervencion. ver dictamen 39268/2006

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Texto completo

N° 16.292 Fecha: 5-IV-2005 Se han dirigido a esta Contraloría General, don XX. y el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, reclamando de la calificación que le fue asignada a don XX. por su desempeño laboral correspondiente al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 y el 31 de agosto de 2004, y que le ha significado quedar ubicado en lista 3, condicional, con 43,40 puntos. En su escrito, el interesado alega su disconformidad con la evaluación de que fue objeto, básicamente, por estimar que existiría falta de coherencia entre la precalificación y la calificación definitiva, ya que la primera lo sitúa en lista N° 1, mientras que la segunda en lista N° 3. Asimismo, reclama por la participación de su jefe directo en la deliberación de su evaluación, quien no se abstuvo de votar, como que existiría una irregularidad en la composición de la Junta Calificadora, toda vez que funcionó con ausencia de uno de sus miembros, sin ser reemplazado, y considerando que la secretaria de la misma concurrió como integrante con derecho a voto. Finalmente, reclama de la negativa del Presidente de la Junta de proporcionarle una copia de las actas de su proceso evaluatorio. Por su parte, el Presidente de la Entidad Gremial individualizada, quien asistió a las sesiones de la Junta Calificadora con derecho a voz, señala que el proceso evaluatorio en estudio adolece de vicios de ilegalidad, pues el acta de la Junta no estaría debidamente fundamentada; el jefe directo del afectado, que en una primera instancia lo había precalificado en lista N° 1, al constituir la Junta solicitó bajar la calificación a lista N° 3, lo cual aparece de manifiesto al constar su firma en la calificación final y, finalmente, que la notificación de la resolución de la apelación se realizó fuera de plazo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de Ley N° 18.834. Requerido informe sobre la materia a la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, ésta se sirvió evacuarlo mediante Oficio Ordinario N° 7.450, de 2004. Sobre el particular, es preciso señalar, en primer término, que la normativa aplicable a los funcionarios de la señalada Subsecretaría de Estado, es el Decreto N° 267, de 2001, del Ministerio del ramo, que aprueba el Reglamento de Calificaciones para el Personal de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, el cual dispone expresamente en su artículo 6° que, en todo lo no previsto por éste, será aplicable el Reglamento General de Calificaciones del Personal afecto a Ley N° 18.834, dispuesto por Decreto Supremo N° 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior. Consignado lo anterior, cumple con señalar que en la normativa vigente no se establece la obligación para la Junta Calificadora de ceñirse estrictamente a la precalificación, sino que ella sólo es un antecedente informativo que, necesariamente, se tiene en consideración al momento de evaluar al funcionario, pero que no la obliga, por cuanto la plenitud de la potestad para calificar está radicada en ese cuerpo colegiado. (Aplica Dictamen N° 13.359, de 2001). Ahora bien, cabe advertir que la facultad de esta Entidad de Control para revisar los procesos evaluatorios de los funcionarios públicos, dice relación con la posible existencia de arbitrariedades o vicios de ilegalidad que pudieran presentarse en las diferentes etapas de dicho proceso, en contravención a las leyes y reglamentos que rigen la materia, y no sobre el mérito y desempeño de los funcionarios, respecto de los cuales sustenta, en definitiva, su determinación la Junta Calificadora, ya que dicho ente calificador tiene plena facultad para evaluar el comportamiento y eficiencia de los empleados, sin perjuicio, evidentemente, de las atribuciones que sobre esta materia recaen en el Jefe Superior del Servicio. De esta manera, en cuanto a la disconformidad del peticionario con las notas asignadas en los diferentes subfactores, cumple anotar que, tal como lo ha informado la reiterada jurisprudencia administrativa, la evaluación del comportamiento y eficiencia de los funcionarios es una materia que compete privativamente a las autoridades y órganos de la administración activa, de modo que este Organismo de Control no puede pronunciarse acerca de las condiciones y mérito del desempeño de los servidores públicos. Por otra parte, cabe señalar que de los antecedentes tenidos a la vista aparece que el precalificador del afectado concurrió con su voto en el acuerdo de la Junta Calificadora, configurándose un vicio de procedimiento, pues quien efectúa la precalificación del empleado, no puede intervenir como miembro de ese órgano colegiado en la evaluación de dicho servidor. Por tanto, si bien un integrante de la Junta puede actuar como precalificador, debe abstenerse de participar en el acuerdo de la evaluación definitiva, siendo sustituido por quien corresponda en el escalafón, en resguardo del principio de doble instancia que inspira el proceso y a fin de salvaguardar la imparcialidad de la decisión de ese cuerpo colegiado. (Aplica Dictámenes N°s. 8.052, de 1997; 9.914, de 1999; 24.014, de 1999 y 20.714, de 2001). Asimismo, cabe anotar que la constitución de la Junta Calificadora ha sido irregular, toda vez que, en primer término, tanto en la hoja de calificación, como en el acuerdo de la Junta, no consta la firma de uno de los integrantes titulares de la misma, la señora YY, concluyendo esta Entidad Fiscalizadora que ella no participó en el proceso evaluatorio y, por tanto, la Junta no se pudo constituir con sólo cuatro miembros, con derecho a voto. En este contexto, conviene precisar que las Juntas Calificadoras de los Servicios deben funcionar con la totalidad de los miembros requeridos por la normativa vigente sobre la materia. Consecuentemente y según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 35 del DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley N° 18.834 y el inciso cuarto del artículo 22 del citado Decreto N° 1.825, de 1998, la Junta Calificadora Central se constituirá con los cinco funcionarios de mayor nivel jerárquico del Servicio, excepto el jefe superior del mismo, y por un representante del personal elegido por éste según el estamento a calificar. Además, podrá intervenir un delegado, con derecho a voz, de la asociación de funcionarios con mayor representación, siendo el quórum de funcionamiento, la totalidad de sus miembros. (Aplica Dictamen N° 17.351, de 1995). Luego, en caso de impedimento de algún miembro de la Junta, éste debe ser reemplazado, al tenor de lo prescrito en el inciso segundo del artículo 36 del citado DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en el inciso segundo del artículo 26 del Decreto N° 1.825, de 1998, antes individualizado. Por otro lado, cabe señalar que, a falta de uno de los integrantes titulares de la Junta Calificadora, no procede que la secretaria sea miembro de ella con derecho a voz y voto, porque la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia concluye que quienes integran las Juntas no pueden desempeñar al mismo tiempo funciones de secretario (a), quienes carecen de facultades decisorias. No obstante, si esa servidora ocupa una de las cinco primeras categorías del Servicio, con exclusión del jefe superior del mismo, tiene que integrar el cuerpo evaluador como miembro, con preferencia al desempeño de su calidad de secretaria, ya que de esta manera tiene derecho no sólo a voz, sino que también a voto. (Aplica Dictamen N° 10.740, de 1998). En otro orden de ideas, cabe señalar que el Presidente de la Junta Calificadora ha obrado conforme a derecho al rechazar la solicitud en orden a tener acceso a las actas de las sesiones de aquélla, toda vez que la normativa vigente aplicable a la materia no contempla esa prerrogativa, considerando a su vez, que el sistema de calificaciones de los funcionarios públicos es esencialmente reglado. (Aplica dictamen N° 4.184, de 2002). Ahora bien, en relación a la presentación realizada por el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, cumple anotar que de acuerdo con el Dictamen N° 37.599, de 2004, de esta Contraloría General, las Asociaciones Gremiales de empleados sólo pueden representar a sus asociados en el evento que ellos requieran expresamente su intervención, solicitud que debe constar en las presentaciones que las agrupaciones formulen a este Organismo de Control, informando éste dichos reclamos si se refieren a situaciones específicas que afecten a servidores determinados, en caso que ellos se refieran a asuntos en que se haya dictado una resolución denegatoria de un derecho o se haya omitido o dilatado una decisión por parte de la autoridad habiéndola requerido el interesado, o cuando se reclamen vicios de ilegalidad que afecten los derechos que Ley N° 18.834 confiere a los empleados, en los términos del artículo 160 del mencionado DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Por tanto, y en lo sucesivo, con el objeto de proveer las presentaciones de los representantes de los asociados, resulta esencial que se acompañe a aquéllas, la solicitud en que expresamente el afectado requiera su intervención, requisito que no se cumplió en este caso. Sin perjuicio de lo anterior, cabe excepcionalmente informar que en la situación planteada en la especie, en cuanto se refiere a la falta de motivación del acuerdo de la Junta Calificadora, es posible advertir que dicho acuerdo no se encuentra fundado, en los términos que previenen las disposiciones vigentes y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, de tal modo que, en este aspecto, también se configura un vicio de ilegalidad, que en igual sentido ha invocado el recurrente. En efecto, el Decreto N° 1.825, de 1998, antes individualizado, en armonía con lo prescrito en el artículo 46 del citado DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, previene, en su artículo 29, que los acuerdos de la Junta Calificadora deberán ser siempre fundados, exigencia que la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control ha entendido como la necesidad de que dichos acuerdos deben enunciar los motivos, razones, causas específicas y circunstancias precisas que se. han considerado para asignar a un funcionario una determinada calificación, antecedentes que por sí mismos deben conducir al resultado de la evaluación verificada, debiendo existir, lógicamente, una concordancia entre el fundamento emitido y las notas asignadas al empleado. Lo anterior permite cumplir con una doble finalidad. Por una parte, que el servidor esté en condiciones de asumir adecuadamente su defensa por la vía de interponer los recursos que le franquea la ley para impugnar su calificación y no quede, en caso contrario, en la indefensión, y, por otra parte, con el objeto de que pueda mejorar su comportamiento laboral en el siguiente período, especialmente en aquellos aspectos que le han significado una disminución de su evaluación. (Aplica Dictamen N° 11.681, de 1999). En la especie, el acuerdo de la Junta Calificadora no se encuentra fundado, toda vez que no se desprende de él con claridad cuáles son los hechos concretos acreditados o las circunstancias precisas acaecidas dentro del período a evaluar que justifican el proceder del órgano evaluador para bajar todas las notas que el jefe directo le asignó al reclamante. Finalmente, en lo referente a que la notificación del fallo de la apelación excedió los plazos estipulados, cabe manifestar que tal actuación no vicia de ilegalidad el procedimiento, porque los plazos que las leyes señalan a la autoridad administrativa no son fatales, de modo que su inobservancia no afecta la validez del mismo. En consecuencia, con el mérito de lo expuesto, esta Contraloría General debe, necesariamente, acoger el reclamo interpuesto por don XX. en contra de su calificación correspondiente al período 2003-2004, por haberse configurado los vicios invocados, debiéndose retrotraer el proceso evaluatorio a la etapa de constitución de la Junta Calificadora con la totalidad de sus miembros, sin perjuicio de los demás trámites que la ley y el reglamento prescriben con posterioridad.