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N° 14.754 27-IV-2000
Se ha solicitado un pronunciamiento que determine si el Servicio Médico Legal se encuentra obligado a acceder a la solicitud formulada por e l instructor de una investigación sumaria efectuada por Sede Regional de Contraloría por uso indebido de un vehículo municipal, en orden a proporcionarle copia del informe de alcoholemia practicado al funcionario que conducía dicho móvil, antecedente que, a su juicio, resulta necesario para el acertado término de la investigación que se lleva a efecto.
Lo anterior, por cuanto, ante el requerimiento que se practicara en tal sentido al Servicio Médico Legal de Temuco, dicha repartición manifestó que la legislación vigente que regula a ese servicio prohibe la entrega de información de las pericias que se realicen, a menos que ello sea autorizado por el tribunal que sigue la causa, no obstante lo cual, en opinión de la ocurrente, en la especie resulta plenamente aplicable el criterio sustentado en los Dictámenes N°s. 100 y 16.101, ambos de 1989 -emitidos bajo la vigencia del DFL. N° 338, de 1960, anterior estatuto administrativo-, en los que se concluyó, en relación con la instrucción de un sumario administrativo, que el aludido servicio se encontraba obligado a proporcionar ese tipo de antecedentes.
Sobre el particular, cabe recordar, en primer término, que el artículo 11 del Decreto Ley N° 799, de 1974, que fija normas que regulan el uso y circulación de vehículos estatales, prescribe que " toda infracción a lo dispuesto en el presente decreto ley será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución, y de acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo", norma que, en su inciso final, dispone que la Contraloría General de la República hará efectiva la responsabilidad funcionaria del o de los infractores, y aplicará las sanciones que procedan, previa investigación sumaria.
En relación con el precepto reseñado, es necesario tener presente que la investigación sumaria a que en él se alude, corresponde a aquella que prevé y regula Ley N° 18.834, cualquiera sea el régimen jurídico a que estén afectos los respectivos servidores, tal como se indicara en el Dictamen N° 12.726, de 1991 y en el Oficio Circular N° 35.593, de 1995, que imparte instrucciones para la aplicación del citado Decreto Ley N° 799, ambos de esta Contraloría General.
Precisado lo anterior, es menester considerar que el inciso primero del artículo 129 de Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, otorga al fiscal de un proceso disciplinario amplias facultades para desarrollar la investigación, como asimismo dispone que los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite, obligación que rige para todos los servidores de la Administración del Estado afectos a dicho cuerpo legal, entre los que se encuentran los empleados del Servicio Médico Legal, tal como, por lo demás, se informara por esta Entidad Fiscalizadora mediante los pronunciamientos a que alude esa Contraloría Regional.
Ahora bien, esta División Jurídica estima que la citada disposición resulta plenamente aplicable a las investigaciones sumarias instruidas por infracción a las disposiciones del Decreto Ley N° 799, de 1974, como quiera que ella es una norma sustantiva de carácter general, destinada al logro del correcto desarrollo de los procesos disciplinarios.
En este sentido, cabe tener en consideración, por una parte, que conforme lo dispuesto en el artículo 114 de Ley N° 18.834, Ios procesos disciplinarios -investigación sumaria y sumario administrativo-, constituyen los medios idóneos con que cuenta la Administración para hacer efectiva la responsabilidad del empleado que infringe sus obligaciones y deberes funcionarios y, por otra, que la finalidad del citado artículo 129, no es otra que la de permitir que el instructor recabe todos los antecedentes que sean necesarios para el adecuado desarrollo y término de su cometido.
No obsta lo anterior, la obligación de reserva a que se encuentra afecto el Servicio Médico Legal respecto de las pericias que le corresponde realizar, ya que ella no se verá alterada por la entrega al investigador de un proceso disciplinario de un informe de alcoholemia efectuado a petición de un tribunal que instruye una causa criminal por los mismos hechos que aquél indaga.
En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 55, letra h), y 131 de la referida Ley N° 18.834, los funcionarios que efectúan una investigación sumaria por infracciones a la normativa contenida en el Decreto Ley N° 799, de 1974, se encuentran en la obligación de guardar la debida reserva.
Por otra parte, es dable tener en consideración que la circunstancia de que el informe de que se trata se practique por el Servicio Médico Legal a requerimiento de la Justicia Ordinaria, no excluye la posibilidad de que se proporcione copia del mismo a un órgano que persigue, en sede administrativa, una finalidad análoga, cual es la de establecer las responsabilidades derivadas de la Comisión de un hecho antijurídico.
Al respecto, resulta útil destacar que del análisis de la preceptiva contenida en el DFL. N° 196, de 1960, Ley Orgánica de ese Servicio, no aparece ninguna prohibición que impida a esa entidad proporcionar copia del mencionado informe cuando existan las circunstancias a que se refiere la consulta, como tampoco que para ello se deba solicitar autorización al respectivo tribunal.
En consecuencia, cumple esta División Jurídica con informar que el Servicio Médico Legal se encuentra en el imperativo de acceder a la solicitud formulada por el instructor de una investigación sumaria efectuada por esa Contraloría Regional por el uso indebido de un vehículo municipal, en orden a que se le proporcione copia del informe de alcoholemia practicado al funcionario que conducía dicho móvil.