Saltar al contenido
c.criterio/Sobre Criterio
Volver al buscador
DICTAMEN N° 014554

No procede que Hospital dependiente de Servicio de Salud, permita el ingreso a jardín infantil de dicho establecimiento asistencial, de hijos de mujeres no funcionarias, previo pago de matrícula y de la correspondiente mensualidad. Ello, porque acorde artículos 89 de la ley 18834, 194 y 203 del código del trabajo, la obligación de proveer el servicio de sala cuna, sea mediante salas anexas e independientes del local de trabajo, construyendo o habilitando y manteniendo servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras de un conjunto de servicios ubicados en una misma área geográfica y/o, finalmente, pagando los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores, constituyen una prestación destinada exclusivamente a favor de las trabajadoras que laboran en la entidad otorgante del beneficio, sin que ello permita entender, en caso alguno, que se autoriza a los órganos de la Administración del Estado para prestar dicho servicio, a particulares. Los jardines infantiles constituyen prestaciones de seguridad social a las que pueden acceder los niños hasta la edad de su ingreso a la educación general básica y, aunque, no existe un mandato legal que obligue a los entes estatales a considerar el beneficio de jardín infantil para los hijos de su personal, es facultativo para ellos otorgarlo dentro del ámbito de sus disponibilidades presupuestarias, siendo necesario agregar que, una vez acordado por el empleador, debe extenderse a todos los menores en edad de gozar del beneficio, sin discriminaciones, conforme a reglas de carácter objetivo, no pudiendo excluirse a ninguno de ellos. Por tanto, el otorgamiento del servicio de sala cuna y jardín infantil a personas ajenas a la institución pública de que se trate, constituye un proceder contrario a derecho, en la medida que se carece de autorización legal expresa que así lo permita.

Ver documento oficial

Texto completo

N° 14.554 Fecha: 3-IV-2007 La Contraloría Regional de la Araucanía, ha remitido a esta Contraloría General la presentación de doña XX., y Otros, en cuya virtud los recurrentes reclaman respecto de las actuaciones del Hospital de Villarrica, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur, por cuanto el jardín infantil de dicho establecimiento asistencial, permitiría el ingreso de hijos de mujeres no funcionarias, previo pago de matrícula y de la correspondiente mensualidad. Requerido el informe de rigor, el Servicio de Salud Araucanía Sur, lo evacuó mediante oficio ordinario N° 1427 de 2006, en el que se expresa que el jardín infantil - sala cuna se creó para los hijos de las funcionarias en el marco del cumplimiento a las normas sobre protección de la maternidad, en especial, la contenida en el artículo 203 del Código del Trabajo. Agrega que, según le ha informado la Dirección del Hospital, se comenzó a recibir a niños particulares cuando quedaban cupos, por la necesidad de la comunidad ya que no había en la ciudad otra sala cuna, sin que en dicho proceder haya existido ánimo de lucro. Por último, añade, se ha instruido al hospital para que a partir del año académico 2007 no preste servicios a particulares por escapar esta actividad a lo que es su función propia. Al respecto, cumple anotar que conjuntamente con lo anterior, se ha tenido a la vista el informe N° 60 de 2006, elaborado por la unidad de auditoría e inspección de la Contraloría Regional de la Araucanía, en el cual se concluye que "en mérito de los antecedentes recopilados en la presente investigación, se comprobó que la Sala Cuna y el Jardín Infantil del Hospital de Villarrica, prestan servicios a hijos de particulares ajenos al Servicio de Salud.". Consignado lo precedente, es preciso señalar que el inciso segundo del artículo 89 del Estatuto Administrativo, en armonía con el artículo 194 del Código del Trabajo, dispone que los funcionarios tendrán derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título ll, del Libro ll, del Código del Trabajo. Que por su parte, el artículo 203 inciso primero del Código del Trabajo, dispone, en lo que interesa, que "Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo". Enseguida, el inciso tercero de la disposición antes citada, previene que: "con todo, los establecimientos de las empresas a que se refiere el inciso primero, y que se encuentren en una misma área geográfica, podrán, previó informe favorable de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, construir o habilitar y mantener servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras de todos ellos.". A su vez, el inciso quinto del mismo precepto, expresa que se entenderá que el empleador cumple la obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años. De los textos legales antes indicados, es posible colegir que la obligación de proveer el servicio de sala cuna, ya a través de salas anexas e independientes del local de trabajo, ya construyendo o habilitando y manteniendo servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras de un conjunto de servicios ubicados en una misma área geográfica y/o, finalmente, pagando los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores, han sido consagradas por el legislador como una prestación destinada exclusivamente a favor de las trabajadoras que laboran en la entidad otorgante del beneficio, sin que ello permita entender, en caso alguno, que se autoriza a los órganos de la Administración del Estado para prestar dicho servicio, a particulares. Que, por otro lado, en lo relativo al beneficio de jardín infantil, cumple recordar que la jurisprudencia de esta Entidad de Control, entre otros en los dictámenes N°s 6.029 de 1988, 17.871 de 1995, 4.201 de 2001 y 16.804 de 2006, por citar sólo algunos, ha expresado que los jardines infantiles constituyen prestaciones de seguridad social a las que pueden acceder los niños hasta la edad de su ingreso a la educación general básica y, si bien, no existe un mandato legal que obligue a los entes estatales a considerar el beneficio de jardín infantil para los hijos de su personal, es facultativo para ellos otorgarlo dentro del ámbito de sus disponibilidades presupuestarias, siendo menester agregar que, una vez acordado por el empleador, debe extenderse a todos los menores en edad de gozar del beneficio, sin discriminaciones, conforme a reglas de carácter objetivo, no pudiendo excluirse a ninguno de ellos. En tal sentido, corresponde hacer notar que la jurisprudencia antes citada descansa de modo fundamental en la premisa que el beneficio de jardín infantil, además de no ser obligatorio, sólo puede ser otorgado en favor de los hijos de los funcionarios, pues se trata de una prestación de seguridad social complementaria que el órgano público solventa total o parcialmente con cargo a los fondos presupuestarios que al efecto le han sido asignados. De este modo, conforme a lo expuesto, necesario es concluir que el otorgamiento del servicio de sala cuna y jardín infantil a personas ajenas a la institución pública de que se trate, constituye un proceder contrario a derecho, en la medida que se carece de autorización legal expresa que así lo permita. En consecuencia, esta Contraloría General junto con representar la improcedencia de la práctica denunciada, viene en instruir al Servicio de Salud Araucanía Sur que adopte las medidas tendientes a velar por el efectivo cese de la conducta reclamada, según las órdenes que al efecto ha impartido al Hospital de Villarrica.