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N° 14.231 Fecha: 24-IV-2000
Agroproductos Agri-Kem S.A. ha solicitado reconsideración del dictamen N° 49.421, de 1999, de esta Contraloría General, por el cual se atendió una presentación de la recurrente, manifestando que este órgano Fiscalizador debía abstenerse de emitir un pronunciamiento respecto de un reclamo de liquidación de derechos de importación que ella interpuso y que fue rechazado en primera instancia por el Administrador de la Aduana de San Antonio, porque este funcionario habría estimado que el Acuerdo de Marrakech no tendría vigencia ni obligatoriedad legal, impugnación que se encuentra pendiente en segunda instancia ante el Director Nacional de Aduanas.
El citado pronunciamiento fue emitido sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley N° 2.554, de 1979, norma recogida a su vez en el artículo 4°, N° 7, del DFL. N° 329, del mismo año, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, preceptos en cuya virtud compete al Director Nacional de dicho servicio la facultad de interpretar administrativamente, en forma exclusiva, las disposiciones legales y reglamentarias de orden tributario y técnico cuya aplicación y fiscalización corresponde a esa repartición y, en general, las normas relativas a las operaciones aduaneras, incluidos, por cierto, los preceptos de este carácter contenidos en los tratados internacionales, tal como lo ha manifestado la reiterada jurisprudencia de esta Contraloría General.
La recurrente expresa como fundamento de su solicitud de reconsideración, que aún cuando el aludido reclamo se encuentra sometido al conocimiento del Director Nacional de Aduanas como tribunal de segunda instancia, y que sólo a dicha autoridad compete pronunciarse al respecto, estima que ello no obsta a que esta Entidad Fiscalizadora informe sobre la vigencia del mencionado Acuerdo de Marrakech, por cuanto, en su opinión, tendría competencia para ello, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 126 de la Ordenanza de Aduanas, que contempla la posibilidad que se plantee una controversia entre el fallo que emite la aludida autoridad administrativa y el Contralor General, la que debe resolverse por la Corte Suprema.
Al respecto, cabe reiterar que, según se aprecia de los propios antecedentes proporcionados por la ocurrente, el reclamo a que se refiere incide directamente en la aplicación de derechos aduaneros que se contemplan en el citado Acuerdo de Marrakech, tratado internacional que fue promulgado mediante decreto N° 16, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en otros textos legales de carácter tributario, cuya interpretación, en cuanto integrantes del ordenamiento jurídico nacional sobre gravámenes aduaneros, corresponde en forma exclusiva al Director Nacional de Aduanas, de manera que emitir un dictamen acerca de si dicho tratado rige en la situación de la especie, como solicita la recurrente, importaría para este órgano de Control intervenir en una materia que compete en forma exclusiva a esa autoridad administrativa, de acuerdo a lo dispuesto, como se ha visto, en los aludidos artículos 1° del decreto ley N° 2.554 y 4°, N° 7, del DFL. N° 329, ambos del año 1979.
No obsta al criterio anterior, la disposición contenida en el inciso final del artículo 126 de la Ordenanza de Aduanas, invocada por la ocurrente, que prevé la resolución de la controversia que plantea, puesto que si bien dicho precepto se encuentra contenido en el DFL. N° 2, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del aludido ordenamiento, debe tenerse en cuenta que tal norma, correspondiente al inciso final del artículo 53 del DFL. N° 3-2.345, de 1979, que aprobó el "Reglamento de Operaciones Aduaneras", tiene su origen en el artículo 1 °, N° 14), del decreto ley N° 299, de 1974, que reemplazó el artículo 166,. del DFL. N° 213, de 1953, que aprobó la referida Ordenanza, ya que es el inciso cuarto de este texto el que establece el modo en que se resuelve la aludida controversia.
En tales condiciones, la resolución de una controversia de esa naturaleza, en los términos previstos en la aludida norma de la Ordenanza, sólo pudo presentarse en el período comprendido entre la entrada en vigencia del citado decreto ley N° 299 y la del decreto ley N° 2.554 -años 1974 a 1979- pero no con posterioridad a dicho lapso, toda vez que este cuerpo normativo al entregar competencia exclusiva al Director Nacional de Aduanas para interpretar la normativa tributaria y técnica y las normas sobre operaciones aduaneras, privó, por consiguiente, a esta Entidad Fiscalizadora de las facultades que tenía hasta entonces para hacerlo, sin perjuicio de las atribuciones fiscalizadoras que respecto del control de los ingresos y egresos de los fondos públicos le corresponden, como señala expresamente el inciso segundo del artículo 1 ° de este último texto legal.
Atendido lo expuesto, esta Contraloría General debe desestimar la solicitud de reconsideración del citado dictamen N° 49.421, de 1999, formulada por la recurrente y confirmar el citado pronunciamiento.