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DICTAMEN N° 014199

incumplimiento de un dictamen de contraloria por parte de las autoridades o funcionarios de la administracion, incluidas las municipalidades, significa tanto el no cumplimiento de la norma interpretada en aquel, cuanto la inobservancia de los articulos 6, 7, 87 y 88 inc/final de la constitucion politica, ley 18575 art/2, ley 10336 art/1, art/5, art/6, art/9 y art/19 y tambien de ley 18695 art/45 tratandose de los municipios. ello, porque juridicamente un dictamen consiste en la opinion o juicio que se emite o forma sobre una cosa, concretamente, acerca de la correcta aplicacion de un cuerpo normativo, y es a esta entidad fiscalizadora a quien la carta fundamental y la legislacion encomiendan ejercer el control de la juridicidad de los actos de la administracion y en tal virtud, entre otras atribuciones le otorgan, la de emitir tales pronunciamientos en derecho. asi, la obligatoriedad de los dictamenes emana, en ultimo termino, de la norma interpretada y de los preceptos constitucionales y legales que sustentan esas opiniones juridicas, desde el momento que este organismo de control nada agrega a esa disposicion, limitandose a evacuar un juicio declarativo al respecto. a su vez, la obligatoriedad positiva de los dictamenes emana de las normas ya citadas, segun las cuales, los organos del estado deben respetar el ordenamiento juridico vigente y contraloria, en el ejercicio de su funcion de control de la legalidad, emitir los dictamenes, los que no solo resultan obligatorios para el caso o casos concretos a que se refieren, sino que ademas, constituyen la jurisprudencia administrativa que tienen que observar todos los abogados, fiscales o asesores juridicos de las distintas oficinas sometidas al control de esta entidad fiscalizadora. no obstante, aun cuando contraloria cuenta con facultades para instruir sumarios administrativos destinados a determinar las responsabilidades funcionarias derivadas de infracciones disciplinarias, entre otras, el incumplimiento de sus dictamenes, carece de atribuciones, salvo situaciones excepcionales no atinentes al caso en estudio, para sancionar directamente cuando, como conclusion de uno de esos procedimientos, se determine que existio responsabilidad. en consecuencia, ha de limitarse a proponer a la autoridad administrativa que tenga la potestad sancionadora, la medida disciplinaria que en su opinion corresponda, siendo la decision definitiva competencia de aquella. tal situacion resulta en el caso de los alcaldes aun mas particular. esto, por cuanto pese a que ley 18695 art/34 establece explicitamente que en su calidad de funcionarios municipales les afecta la responsabilidad administrativa no existe una autoridad con atribuciones para sancionarlos. por consiguiente, contraloria unicamente debe limitarse a remitir los antecedentes al concejo municipal. por otra parte, esta entidad fiscalizadora solo puede formular la denuncia pertinente al tribunal de justicia competente y poner a disposicion de este los respectivos antecedentes, sin desmedro de remitirlos tambien al consejo de defensa del estado para los fines que haya lugar, cuando en cualquier investigacion, revision o examen que la primera practique aparezca que se cometio un delito, correspondiendo a la autoridad judicial mencionada determinar su tipo

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