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N° 14.178 Fecha: 19-III-2004
Servicio Agrícola y Ganadero solicita a esta Contraloría General que precise si tienen derecho a la bonificación por retiro establecida en Ley N° 19.882, los funcionarios que ocupan empleos de la exclusiva confianza de ese organismo, en las hipótesis a que alude la consulta.
En primer lugar, se plantea la situación de los funcionarios de la exclusiva confianza amparados por lo dispuesto en el artículo 2° de Ley N° 19.352 -que sustituye las plantas de personal del organismo ocurrente-, según el cual "los actuales Jefes de Sección y Jefes de Oficina que por efecto de la aplicación de esta ley, sean nombrados Jefes de Departamento y cesen con posterioridad a estas funciones por habérseles pedido la renuncia, tendrán derecho a ocupar un cargo del mismo grado en la planta correspondiente según los requisitos que cumplan".
Añade la referida norma, en lo que interesa, que para los efectos de lo antes indicado se declaran "creados dichos cargos por el solo ministerio de esta ley", y que, "una vez que el titular ascienda o cese en funciones por cualquier causa el cargo será suprimido de la planta respectiva".
La segunda situación, dice relación con los artículos 81 y 82 de Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, conforme a los cuales el desempeño de los cargos de que trata el indicado cuerpo estatutario es compatible con las plazas que tienen la condición de exclusiva confianza, de manera que el funcionario que asume un empleo que posea esta última condición, conserva la propiedad del cargo de que era titular.
Finalmente, se plantea la situación de los servidores de la exclusiva confianza no amparados por ninguna de las normas antes citadas, quienes, luego de pedírseles la renuncia, son designados en un empleo en calidad de contrata.
Al respecto, es menester tener presente que según lo prescrito por los artículos séptimo y octavo de Ley N° 19.882, tienen derecho a la bonificación por retiro los empleados de carrera y a contrata de las instituciones que se mencionan en el referido artículo octavo, que tengan las edades indicadas por este último precepto legal y que hagan dejación voluntaria de sus cargos.
Enseguida, cabe manifestar que conforme con lo preceptuado en el artículo séptimo de Ley N° 19.882, mientras los empleados a que se refieren las tres hipótesis planteadas, se mantengan en sus cargos de exclusiva confianza, no tienen derecho a optar por la bonificación por retiro, aun cuando hagan dejación voluntaria de dichos empleos, tal como lo ha manifestado esta Contraloría General en sus Dictámenes N°s. 46.387; 49.189; 49.355 y 51.683, todos de 2003.
No obstante, tratándose de servidores de la exclusiva confianza amparados por lo dispuesto en los artículos 2° de Ley N° 19.352 y 81 y 82 del Estatuto Administrativo, en el evento de que les sea solicitada la renuncia a tales cargos y asuman, de conformidad a las disposiciones legales antes citadas, plazas que sean de carrera, tendrán derecho a la bonificación en cuestión en la medida que hagan dejación voluntaria de estas últimas y satisfagan los demás requisitos que establece Ley N° 19.882.
Asimismo, en el caso de los funcionarios de la exclusiva confianza que no se rijan por las normas recientemente citadas, y se les solicite la renuncia no voluntaria a sus cargos para luego ser incorporados al servicio en calidad de contratados, esta Contraloría General no advierte inconvenientes para que tales servidores, una vez asumidas sus funciones en esta última calidad y, por cierto, en la medida que cumplan con los requisitos que señala Ley N° 19.882, obtengan la bonificación por retiro que establece el referido cuerpo legal.
Ahora bien, en cuanto al tiempo en que cualquiera de los servidores antes aludidos deben permanecer en sus nuevas plazas para acceder al beneficio en cuestión, materia sobre la cual también se solicita un pronunciamiento, es útil consignar que del análisis de Ley N° 19.882, no se advierte ninguna exigencia especial al respecto, sin perjuicio de que, de conformidad con las reglas generales contenidas en el artículo séptimo del indicado texto legal, los postulantes deberán tener una antigüedad mínima de dos años de servicio en algunas de las entidades a que se refiere el artículo 8° de la citada ley.
Sin embargo, en armonía con lo resuelto por esta Entidad de Control en sus Dictámenes N°s. 43.507, de 2000 y 3.837, de 2001, entre otros, cabe hacer presente respecto de las tres hipótesis planteadas por el organismo ocurrente, que el ejercicio de las especiales atribuciones que posee la autoridad administrativa para remover a los empleados de exclusiva confianza, y para la posterior contratación de los mismos, no significa que aquélla pueda actuar arbitrariamente, ya que el otorgamiento de tales potestades sólo tiene por objeto permitirle contar con los medios jurídicos idóneos para realizar adecuadamente la administración del organismo bajo su dependencia, y cuya finalidad última es satisfacer el interés general y no el particular de los funcionarios.
Es dable destacar que en estos casos la petición de renuncia implica un cambio en la relación jurídica que une al servidor con la Administración, de manera tal que dicha mutación permite al respectivo funcionario incorporarse a un estatus jurídico que lo habilita para acceder a un beneficio que no le correspondía en su calidad de empleado de exclusiva confianza.
Por ello, las actuaciones respectivas, tanto al solicitar la renuncia de aquellos funcionarios que sirven plazas de la exclusiva confianza, como al contratar al respectivo empleado, en su caso, deben tener por finalidad atender las necesidades del servicio y no el propósito de permitir el acceso a la bonificación a quienes se encuentran impedidos de gozar de tal beneficio conforme a las disposiciones de Ley N° 19.882.
Por consiguiente, si la autoridad llegare a hacer uso de estas facultades con una finalidad distinta de la perseguida por la ley al concedérselas, tal decisión quedaría afectada por una desviación de poder y viciado el acto administrativo que la sanciona, sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa por falta a la probidad.
Ahora bien, en lo que concierne a la determinación de la remuneración que debe considerarse para el cálculo de la bonificación por retiro, de conformidad con el inciso cuarto del artículo séptimo de Ley N° 19.882, es dable manifestar que ella será el promedio de la remuneración imponible mensual de los últimos 36 meses anteriores al retiro, actualizadas según el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya, con un límite máximo de noventa unidades de fomento.
Lo anterior, es sin perjuicio de las reglas que se establecen en el inciso sexto del mencionado artículo séptimo, para los funcionarios a contrata que en los tres últimos años anteriores a la dejación voluntaria de su empleo hayan cambiado la calidad jurídica de su designación, pasando en un mismo servicio desde un cargo de planta a un empleo a contrata, pues, en este caso, la bonificación debe calcularse "considerando la remuneración imponible correspondiente al grado original de planta que poseían al cambiar de calidad jurídica".
Asimismo, los funcionarios a contrata que en los tres últimos años anteriores a la dejación voluntaria de su cargo hayan cambiado de grado, la bonificación se calcula "considerando la remuneración imponible correspondiente al grado que tenían a la fecha del cambio, o del primero de ellos si hubo más de uno", lo que, sin embargo, "no será aplicable en los casos de cambios de calidad jurídica desde la contrata a la planta o aumentos de grados por promoción".