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DICTAMEN N° 013424

cursa resolucion de servicio de salud que indica, que aplica diversas medidas disciplinarias a funcionarios que senala, al termino del correspondiente sumario administrativo instruido con el objeto de determinar las responsabilidades comprometidas en el manejo irregular de recursos. ello, porque efectivamente, el proceso en comento fue sustanciado por el jefe del departamento de auditoria de ese servicio, empleado que habia suscrito el informe tecnico emitido con ocasion de la revision en que se detecto la irregularidad que dio origen a la investigacion. no obstante, segun consta en la documentacion pertinente, quien impugna la legalidad del procedimiento sumarial por falta de objetividad del fiscal: uno de los servidores sancionados, manifesto en su declaracion indagatoria no tener causales de recusacion en contra de aquel. por ende, resulta extemporanea la peticion que ahora formula, en orden a declarar la nulidad de todo lo obrado y nombrar un nuevo fiscal. lo anterior, especialmente, si se considera que ley 18834, cuerpo normativo que regla pormenorizadamente los procesos disciplinarios como el resenado, establece en su art/126 que a los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad de inculpados, debe apercibirseles para que dentro del segundo dia formulen las causales de implicancia o recusacion pertinentes. ademas, art/138 del mismo texto legal dispone que los vicios de procedimiento no afectan la legalidad de la resolucion que aplica la medida disciplinaria cuando no influyen decisivamente en los resultados del sumario. solo acarrean la nulidad de todo lo obrado las omisiones que inciden en actuaciones esenciales, entendiendose por tales: la declaracion del inculpado, la formulacion de cargos y las notificaciones de estos y de las sanciones, diligencias todas directamente relacionadas con el derecho que asiste al encausado para una adecuada defensa de sus intereses

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N° 13.424 Fecha: 10-IV-2002 El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente ha enviado a esta Contraloría General, para su toma de razón, la resolución N° 216, de 2002, que aplica a los funcionarios del Hospital Padre Hurtado, las medidas disciplinarias de destitución, de censura y de multa de un 5% de su remuneración mensual, respectivamente. Por su parte, el Profesional, grado 5° E.U.S. del citado Servicio, se ha dirigido a esta Entidad Fiscalizadora impugnando la procedencia de la sanción expulsiva acordada en su contra, por estimar que el sumario administrativo en que se fundamenta adolece de vicios que afectan su legalidad, considerando que ha sido substanciado por el Jefe del Departamento de Auditoría del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, quien a su juicio carece de la debida objetividad por cuanto ha suscrito el informe técnico emitido a propósito de la revisión efectuada por esa unidad al flujo de los diversos fondos fijos asignados al referido centro hospitalario -el que a su vez diera origen a la presente investigación-, lo cual amerita que se declare la nulidad de todo lo obrado y se nombre a un nuevo Fiscal que le garantice un debido proceso, o, en su defecto, se le aplique una medida disciplinaria correctiva, atendida su irreprochable trayectoria funcionaria anterior. Sobre el particular, cabe anotar, en primer término, que el proceso disciplinario en estudio ha sido incoado para determinar las responsabilidades administrativas comprometidas en el manejo irregular de los recursos que conforman los fondos fijos otorgados al Hospital Padre Hurtado, consignado en el informe reservado N° 049, de 2001, del Departamento de Auditoría del mencionado Servicio de Salud, corriente a fojas 3 y siguientes de autos. Ahora bien, en la declaración indagatoria prestada por el interesado a fojas 30 del expediente sumarial tenido a la vista, consta expresamente que éste manifestó no tener causales de recusación en contra del Fiscal, de modo que resulta extemporáneo formular en esta oportunidad la petición que en tal sentido plantea en su escrito, especialmente si se considera que los procesos disciplinarios como el de la especie se encuentran pormenorizadamente reglados por la ley N° 18.834, la cual establece, en su artículo 126°, que "Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales de implicancia o recusación en 'contra del fiscal o del actuario". En este mismo orden de ideas, es necesario recordar, acorde con el artículo 138° del mismo texto legal, que los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria cuando no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario, siendo atinente agregar que las omisiones en que se incurra durante su tramitación sólo acarrean la nulidad de lo obrado cuando incidan en actuaciones esenciales, entendiéndose por tales, la declaración del inculpado, la formulación de cargos concretos y las notificaciones de los mismos y de la sanción que se determine aplicar, por cuanto se trata de diligencias directamente relacionadas con el derecho que le asiste el encausado para asumir una adecuada defensa de sus intereses. Precisado lo anterior, y tras estudiar el proceso administrativo adjunto, puede concluirse que éste se ha tramitado con apego a la normativa estatutaria que regula la materia, habiéndose realizado todas las diligencias que aseguran a los involucrados un debido proceso, siendo necesario puntualizar, en lo que atañe al señor R.D., que la responsabilidad que se le atribuye en los hechos materia de los cargos formulados en su contra a fojas 90, relacionados especialmente con la inobservancia de las instrucciones impartidas en el memorándum N° 47, de 1998, sobre Administración y Rendición de Fondos Fijos, corriente a fojas 35, ha quedado suficientemente comprobada con el mérito tanto de su declaración -fojas 30 a 33-, como con el de los atestados de los funcionarios E.Q. y M.C., también sancionados en estos autos, que rolan a fojas 21 a 23, 27, 28, 96, 97 y 111 del expediente adjunto. En las condiciones anotadas, y no habiéndose configurado los vicios de ilegalidad a que se refiere el afectado, esta Contraloría General desestima su reclamo y cursa la resolución N° 216, de 2002, por cuanto se ajusta a derecho y al mérito del sumario administrativo que le sirve de fundamento, sin perjuicio de hacer presente que la alusión a la letra c) del artículo 118° de la ley N° 18.834, consignada en el numeral cuatro de su texto, debe entenderse referida a la letra a) del mismo precepto legal.