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N° 12.856 Fecha: 12-IV-2009
El Intendente y Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Metropolitano ha remitido a esta Contraloría General los antecedentes de una investigación sumaria incoada en contra de doña Y.A., Profesional grado 4° EUS de esa repartición, quien ha solicitado a esa superioridad su invalidación y la designación de otro instructor que le garantice un debido proceso.
Por su parte, la señora Y.A. ha recurrido ante este Organismo Contralor reiterando dicha petición, basada en la falta de objetividad del investigador, acompañando a su escrito fotocopia del expediente administrativo.
Ahora bien, la autoridad ocurrente manifiesta que no podría acceder a la sustitución del instructor, como ésta pretende, por no existir otro funcionario que posea igual o mayor grado que ella.
En consecuencia, solicita a esta Entidad fiscalizadora que estudie la factibilidad de afinar legalmente el procedimiento administrativo de que se trata, con el fin de evitar cualquier ulterior reclamo que pudiera deducir en su contra la interesada.
Sobre el particular, y como cuestión previa, es menester tener presente lo dispuesto por el artículo 120° de la ley N° 18834, que reglamenta la instrucción de una investigación sumaria, y que, en la aparte que interesa, señala que la autoridad que la ordenó dictará la resolución respectiva una vez que conozca el informe o vista emitido por el instructor al término del proceso.
Precisado lo anterior, cabe consignar que el artículo 10° de la ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de la Contraloría General, le otorga competencia para tomar razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios que le corresponda tramitar, entre los que se encuentran aquellos que aplican medidas disciplinarias, sobreseimientos y absoluciones en sumarios administrativos e investigaciones sumarias, conforme lo prevé la resolución N° 520, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución N° 55, de 1992, de esta Entidad Fiscalizadora, sobre exención de toma de razón.
En las condiciones anotadas, a este Organismo Contralor no le corresponde emitir un pronunciamiento sobre el asunto planteado tanto por la autoridad recurrente como por la funcionaria Y.A., antes de que el proceso administrativo de que se trate sea afinado por la autoridad competente, no siendo legalmente factible que, en las condiciones descritas, este Organismo de Control continúe la tramitación de la investigación sumaria en comento En todo caso, cabe señalar que esta Entidad estudiará y analizará la materia en cuestión, en la instancia pertinente, esto es, una vez que efectúe el examen de legalidad del acto administrativo.
Finalmente, cabe puntualizar que la recusación del investigador ha debido efectuarse en la oportunidad procesal respectiva, y en relación a las causales que contempla la Ley 18834, correspondiendo sea resuelta de la manera que el artículo 128 de ese cuerpo de normas señala.