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DICTAMEN N° 012798

No constituye vicio de procedimiento que tanto el dictamen, como la resolución exenta, que resuelve un sumario administrativo seguido en contra de dos funcionarios de Investigaciones, hayan sido actos pronunciados y suscritos por una misma persona, pero en el ejercicio de diferentes cargos. Ello, porque esa persona ha estado investido de diferentes atribuciones, las que son inherentes al cargo desempeñado, de las que no ha podido desprenderse, pues ello significaría transgredir el principio de continuidad de la función pública. Así, debe entenderse que en esta situación prima el cargo desempeñado por sobre la persona que lo sirve, y por tanto, no se produce identidad de juzgadores al momento de emitirse los respectivos actos. La demora excesiva en obtener un pronunciamiento definitivo en el proceso sumarial, es un elemento del racional y justo procedimiento, pero el transcurso de los plazos sin que se hayan verificado las diligencias o actuaciones a que la Administración es obligada, no acarrean la nulidad de los procedimientos, pues ello no es causal de ineficacia y menos de nulidad de los actos administrativos, sino que una circunstancia que obliga a mejorar los procedimientos o determina las responsabilidades de los funcionarios encargados de la tramitación del respectivo expediente sumarial. En todo caso, debe considerarse la gran extensión del sumario que conlleva mayores tiempos de estudio. Los cargos formulados en los procesos administrativos deben ser precisos y referirse a hechos concretos que deriven en infracciones a deberes funcionarios, lo que no ha ocurrido en este caso, lo que dificulta su defensa, por lo que la superioridad deberá ordenar la reapertura de los autos para que se formulen legalmente los cargos. Configura un vicio de indeterminación del procedimiento el que tanto la Vista Fiscal, como el dictamen y la resolución exenta que resuelve el sumario administrativo, hagan referencia a la reincidencia del inculpado, sin especificar los comportamientos a que se refiere. Reincidencia es la circunstancia agravante de cometerse una falta con posterioridad a la aplicación de una medida disciplinaria por la comisión de la misma falta, lo que debe entenderse como que, a lo menos, en una ocasión el inculpado cometió hechos similares a los descritos en la actual formulación de cargos, y por los cuales se debió aplicar una sanción administrativa. Como en la hoja de vida del afectado no aparece dicha anterior infracción, no ha podido reprochársele esta especial agravante. El principio de que el acto administrativo de revisión emanado por la autoridad superior ha causado un mayor gravamen al reclamante, de antigua aplicación en materia penal en los Tribunales de Justicia, es reconocido en sede administrativa al tenor de la ley 19880 art/41 inc/3, pero no se aplica tratándose de sumarios administrativos que son procedimientos especialmente reglados por el ordenamiento jurídico. Además, al ejercerse el derecho de apelación, el recurrente otorga competencia a las autoridades administrativas superiores para la revisión del proceso, por lo que es entregada a su criterio la aplicación de una medida disciplinaria y, en su caso, la cuantía de la misma. Si se aceptara que el parecer de las autoridades inferiores será vinculante para las autoridades superiores, conduciría a un absurdo, máxime que según el art/52 del Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de dicha Institución Policial, las máximas atribuciones en materia disciplinaria se radican en el Director General de dicha Institución, a quien le corresponde precisar la extensión de la medida disciplinaria a aplicar en el uso de las atribuciones inherentes a su cargo y no en sus servidores de menor jerarquía. La motivación de las resoluciones, consiste en la exposición de los argumentos racionales que justifican lo resuelto, que deben contar con óptimos grados de certeza que permitan eliminar cualquier ejercicio arbitrario de la potestad en juego, y esta motivación significa, entre otros aspectos, que el sentenciador debe fundamentar suficientemente el cómo ha llegado a la convicción de que los hechos se han sucedido. En este sumario administrativo, no se encuentran completamente acreditadas la veracidad de la denuncia efectuada contra el inculpado ya que no aparecen presunciones fundadas en su contra que permiten sostener que participó en los hechos objeto del presente proceso sumarial, por lo que es imprescindible ampliar la investigación a fin de que el Fiscal realice las diligencias tendientes a comprobar o descartar definitivamente la veracidad de dicha denuncia.No se advierte que se haya vulnerado el principio de presunción de inocencia, toda vez que luego de la correspondiente investigación de los hechos denunciados, el Fiscal ha procedido a formular los cargos que estimó probados. Se ha vulnerado derecho a defensa al no notificar al afectado reapertura de término probatorio que no fue notificado legalmente, no siendo el medio idóneo para ello el uso de un telefonograma. Al fiscal del sumario sólo le corresponde proveer la prueba y fijar el término dentro del cual deberá producirse dentro del máximo legal, pero no está facultado para evaluar la procedencia o improcedencia de ella y su correlativa recepción. No procede la prescripción de la acción disciplinaria, de 6 meses contados desde la fecha en que se cometió la falta, según lo establecido en el art/19 del Dto 40 Defensa. Los cargos formulados en un sumario no pueden formularse en términos generales y abstractos, adoleciendo de imprecisión, sin que se refieran a hechos concretos y precisos ni señalar las disposiciones legales infringidas.

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N° 12.798 Fecha: 21-III-2007 Mediante oficio N° 2.545, de 2006, la Jefatura del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, ha remitido a esta Contraloría General, los antecedentes del sumario administrativo iniciado por orden N° 491, de 2003, de la Subdirección Operativa, a fin de que en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del decreto N° 1, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de dicha Institución Policial, se resuelvan los reclamos interpuestos por funcionarios de esa institución, en contra de la medida disciplinaria de separación dispuesta aplicar en su contra, por resolución exenta N° 11, de 2006, del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, al término del proceso sumarial que se acompaña. Sobre el particular, es posible señalar que el proceso administrativo en estudio, tuvo por finalidad establecer la veracidad de la denuncia efectuada por el procesado MM, actualmente interno en el Centro de Detención Preventiva de Buin, quien involucra en los hechos que expone, al Inspector BB y a otros miembros de la Institución. Pues bien, agotada, la etapa indagatoria, a fojas 383 y siguientes de autos, la Fiscalía procedió al cierre del sumario y a formular cargos en contra del Inspector BB, los que dicen relación con "tener actuaciones contrarias a la integridad moral del funcionario y participar en actividades que no están acordes a su calidad de miembro de la Institución y no cumplir cabalmente con sus deberes funcionarios al mantener una relación con el delincuente habitual MM, con antecedentes policiales y encargos judiciales pendientes". A su turno, formuló las siguientes imputaciones, a fojas 384, del expediente, en contra el Subinspector CC por "haber prestado declaración ante funcionarios del Departamento V "Asuntos Internos" para una investigación ordenada por el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, ocultando detalles intencionalmente con la finalidad de tergiversar la realidad de lo ocurrido y existir presunciones fundadas de haber recibido de parte del delincuente MM dineros a fin de no cumplir cabalmente con sus deberes funcionarios". En seguida, el Fiscal Instructor en su Vista Fiscal de fojas 447 y siguientes de autos, propone aplicar la medida disciplinaria de tres días de permanencia en el cuartel a cada uno de los funcionarios recurrentes. Luego, mediante orden N° 5, de 2004 de la Subdirección Operativa, que rola a fojas 460 de autos, se dispuso la reapertura, del sumario en estudio, a fin de llevar a cabo determinadas diligencias investigativas, las que tras practicarse, condujeron, a fojas 993 y siguientes, a un nuevo cierre del sumario y a la ampliación de los de cargos formulados en contra del Inspector, señor BB, en los siguientes términos "tener actuaciones contrarias a la integridad moral del funcionario y participar en actividades que no están acordes a su calidad de miembro de la Institución y no cumplir cabalmente con sus deberes funcionarios al mantener una relación con el delincuente habitual MM, con antecedentes policiales y encargos judiciales pendientes, lo que lleva a solicitar y aceptar de parte de este delincuente sumas de dinero en forma reiterada a objeto de no detenerlo, pese a estar requerido por diversos tribunales". A lo que se agrega "concertarse con un delincuente habitual y no adoptar los procedimientos reglamentarios para proceder a su detención en conocimiento de que éste era requerido por la justicia, más aún manteniéndolo informado de su situación requisitoria, dándole a conocer información reservada de la Institución". Finalmente se le imputa "declarar ante un superior hechos falsos y ocultar detalles intencionalmente para tergiversar la realidad de lo sucedido". Por las conductas antes descritas, el Fiscal sumariante propuso en su Vista Fiscal Complementaria corriente a fojas 1.004, y siguientes del expediente, elevar la medida disciplinaria a aplicar al señor BB a seis días de permanencia en el cuartel. En lo tocante al Subinspector CC, en esta oportunidad se mantuvieron inalterables los cargos en su contra, como asimismo la medida administrativa propuesta. Posteriormente en dictamen N° 491/2003, de 2005, del Subdirector Operativo corrientes a fojas 1.012 de autos, se determinó aplicar las medidas disciplinarias de seis y ocho días de permanencia en el cuartel, a don BB y a don CC respectivamente, por haberse comprobado los cargos descritos precedentemente. Enseguida, conocidos ambos recursos de apelación presentados por los funcionarios sancionados, en contra de las sanciones dispuestas a aplicar en su contra, el Director de la Policía de Investigaciones de Chile determinó, mediante resolución exenta N° 11, de 2006, rechazar tales recursos y elevar ambas medidas disciplinarias a separación del Servicio, pronunciamiento por el cual se han deducido sendas reclamaciones para ante esta Contraloría General, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del decreto N° 1, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional. Por su parte, el recurrente BB ha planteado en su presentación una serie de aspectos de interés para su defensa, que pasan a analizarse a continuación, haciéndose en cada caso el razonamiento a que haya lugar. En primer lugar, hace descansar su impugnación en el hecho de haberse vulnerado la debida imparcialidad del juzgador, en la medida que tanto el dictamen N° 491/2003, de 4 de abril, de 2005, de fojas 1.012 como la resolución exenta N° 2, de 2006, que resuelve el sumario administrativo en estudio, de fojas 1.080 del expediente, han sido actos pronunciados por una misma persona, lo que hace violencia al principio procesal que el recurrente denomina de la imparcialidad subjetiva del juzgador. Sobre el particular, cabe señalar que efectivamente ambos actos administrativos aparecen suscritos por la misma persona, pero en el ejercicio de diferentes cargos, y por consiguiente de distintas funciones, a saber, primero como Jefe Operativo y luego como Director General Subrogante. En ambos casos, se encuentra investido de diferentes atribuciones, que en uno y otro, resultan inherentes al cargo que desempeña, y de las que no ha podido desprenderse, pues ello implicaría transgredir el principio de continuidad de la función pública. Por consiguiente, esta Contraloría General entiende que ha de sujetarse primordialmente al cargo desempeñado por sobre la persona que lo sirve, y por tanto, no ha habido identidad de juzgadores al momento de emitirse los respectivos actos, (Aplica criterio contenido en dictamen N° 512, de 1992). En seguida, en lo tocante a la demora excesiva en obtener un pronunciamiento definitivo en los autos en comento, este órgano de Control comparte lo expresado por el recurrente en el sentido que se trata de un elemento que integra el concepto de racional y justo procedimiento. Sin embargo, cabe puntualizar, que el transcurso de los plazos establecidos sin que se hayan verificado las diligencias o actuaciones a que la Administración es obligada, no se traduce en la nulidad de los procedimientos como lo solicita el reclamante, pues el transcurso del tiempo no es causal de ineficacia (menos de nulidad) de los actos administrativos, sino que, una circunstancia a considerar como motivo para adoptar medidas de mejoras procedimentales o para determinar las responsabilidades que deban asumir los funcionarios encargados de la tramitación del respectivo expediente sumarial. Por lo demás, no puede dejar de considerarse la gran extensión del sumario administrativo, lo que se traduce en mayores tiempos de estudio. Ahora, en lo referido a la alegación de cargos genéricos, hecha valer por el recurrente, cabe advertir que del mérito de los antecedentes revisados por este Ente Fiscalizador se puede concluir que se configura el vicio descrito. En efecto, la jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida en dictámenes N° 28.841, de 1994 y 9.969, de 1997, entre otros, señala que los cargos que se formulen en los procesos administrativos deben ser precisos y deben referirse a hechos concretos y precisos que deriven en infracciones a deberes funcionarios, lo que no ha ocurrido en la especie en las imputaciones formulados al señor BB, de fojas 384 y 993 del expediente en estudio, circunstancia que dificulta la defensa del inculpado, mediante los recursos procesales que la ley contempla. En este sentido entonces, esa superioridad deberá ordenar la reapertura de los autos a fin de que se retrotraigan al estado de formulación de cargos al sumariado, en los términos antes referidos, sin desmedro de los demás trámites que legalmente proceden. A su vez, cabe hacer presente respecto de lo señalado por el recurrente, en el sentido que tanto la Vista Fiscal de fojas 1.004, el dictamen N° 491/2003, de 4 de abril, de 2005, de fojas 1.012, como la resolución exenta N° 11, de 2006, que resuelve el sumario administrativo, hacen referencia a la reincidencia del inculpado sin especificar a qué comportamientos se refiere, lo que, en este particular aspecto ha podido configurar, a juicio de esta Entidad de Control, un vicio de indeterminación. En efecto, mutatis mutandi del concepto penal, se entiende por reincidencia la circunstancia agravante de cometerse una falta con posterioridad a la aplicación de una medida disciplinaria por la comisión de la misma falta. Así tomada la expresión, debe entenderse que ha habido a lo menos alguna ocasión en la que el inculpado cometió hechos similares a los descritos en la actual formulación de cargos, y por los cuales se habrá debido aplicar una sanción administrativa. Sin embargo, de la lectura del resumen de su hoja de vida de fojas 247, no aparece registrada en ella una falta como la presente y, por lo tanto, no ha podido serle reprochada esta especial agravante. En lo concerniente a la alegación de reformatio in pejus, esto es, que el acto administrativo de revisión emanado por la autoridad superior ha causado un mayor gravamen al reclamante, se estima que no corresponde dar lugar a ella, por las razones siguientes. En primer lugar, porque el principio en comento, que ha tenido antigua aplicación en los Tribunales de Justicia, y particularmente en materia penal, no resulta aplicable al presente caso, ya que su reconocimiento positivo en sede administrativa responde a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41 de la ley N° 19.880, de 2003, Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que señala: "En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente", normativa que no resulta aplicable a un sumario administrativo como el de actual estudio, pues se trata de un procedimiento especialmente reglado por el ordenamiento jurídico. En este sentido dable es señalar que esta Contraloría General desestima la alegación formulada porque al ejercer el derecho de apelación, el recurrente otorga competencia a las autoridades administrativas superiores para la revisión del proceso, por lo que queda entregada a su criterio la aplicación de una medida disciplinaria y, en su caso, la cuantía de la misma. Por último, si se acepta que el parecer de las autoridades inferiores será vinculante para las autoridades superiores, nos conduciría abiertamente a un absurdo, máxime que a la luz del artículo 52 del mencionado Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de dicha Institución Policial, las máximas atribuciones en materia disciplinaria se radican en el Director General de dicha Institución, a quien le corresponde precisar la extensión de la medida disciplinaria a aplicar en el uso de las atribuciones inherentes a su cargo, una vez que se ha completado la ritualidad del proceso administrativo, y no en sus servidores de menor jerarquía. Finalmente, en relación a la alegación relativa a la motivación de las resoluciones, esta Contraloría General debe señalar que la motivación en general, y por lo tanto la exigida en el presente caso, consiste en la exposición de los argumentos racionales que justifican lo resuelto, que deben contar con óptimos grados de certeza que permitan eliminar cualquier ejercicio arbitrario de la potestad en juego, y esta motivación significa, entre otros aspectos, que el sentenciador debe fundamentar suficientemente el cómo ha llegado a la convicción de que los hechos se han sucedido. Pues bien, en el sumario administrativo en análisis, a juicio de este Ente de Control no se encuentra completamente acreditada la veracidad de la denuncia efectuada por el interno MM, opinión que aparee ya constatada en autos en el informe de la Jefatura Jurídica de fojas 1.011 del expediente en estudio, en la medida que, respecto de don BB, no aparecen presunciones fundadas en su contra que permiten sostener que participó en los hechos objeto del presente proceso sumarial, de modo que se hace imprescindible ampliar la investigación a fin de que el Fiscal realice las diligencias tendientes a comprobar o descartar definitivamente la veracidad de dicha denuncia. Ahora bien, en relación a las nuevas diligencias tendientes a la comprobación de la denuncia efectuada, el fiscal debería por ejemplo, exhibir al denunciante MM y a don AA, declarante del proceso sumarial de fojas 275 y siguientes, las fotografías del personal de la unidad respectiva, a fin que entre ellas se haga el reconocimiento según lo establece el artículo 38 del citado reglamento de Sumarios Administrativos del mencionado Servicio. En relación a la vulneración, del principio de presunción de inocencia a que hace referencia el señor BB en su escrito, cabe manifestar que no se advierte en el curso del proceso en examen, de que manera se ha vulnerado dicho principio, toda vez que luego de la correspondiente investigación de los hechos denunciados, el Fiscal Sumariante ha procedido a formular los cargos que, en su concepto, estimó probados y que en definitiva le han servido de base a la autoridad administrativa para ejercer su potestad disciplinaria, aplicando en su contra la medida de Separación. En relación a la reclamación interpuesta por el Subinspector don CC, éste denuncia en primer término que en sus descargos presentados a fojas 404 de autos, solicitó la apertura del término probatorio, a objeto que fueran interrogadas una serie de personas que en su escrito individualiza, el cual fue concedido, pero nunca fue notificado como señala la ley, pues sólo se procedió a efectuar el telefonograma N° 30, de fecha 23 de febrero de 2004, dejándose constancia de este hecho a fojas 428 de autos, y del cual nunca tuvo noticia, impidiéndosele de esta manera su derecho de defensa, y configurándose con este hecho un vicio de legalidad que en su concepto debe ser reparado. Enseguida, el recurrente alega la prescripción de la acción disciplinaria, en conformidad a las normas que la regulan. Sobre el particular, es preciso señalar en relación a la primera alegación, que la rendición de prueba en el desarrollo de un proceso disciplinario, es un derecho establecido en favor del inculpado, por lo que formulada esa petición, al fiscal sólo le corresponde proveerla y fijar el término dentro del cual deberán producirse las diligencias probatorias, con sujeción al plazo máximo estipulado, pero no está facultado para evaluar la procedencia o improcedencia de la rendición de prueba y su correlativa recepción. En efecto, a fojas 428 se decretó la apertura del término probatorio, y su correspondiente notificación, la cual fue practicada mediante telefonograma, siendo éste un medio no idóneo para efectuar una notificación. Si bien, el mencionado Reglamento de Sumarios Administrativos de la Policía de Investigaciones de Chile, no señala la forma de notificación de la resolución que ordena la apertura del término probatorio, corresponde anotar que para que esta resolución produzca efecto en la forma señalada, es necesario que el inculpado sea notificado de tal hecho, ya sea personalmente o por carta certificada, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 131 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. En este sentido, la omisión de la notificación en la forma señalada configura un vicio procedimental que infringe de esta manera el principio del debido proceso, quedando el funcionario inculpado en un estado de indefensión, toda vez que ello ha perjudicado gravemente su derecho de defensa, debiendo, por ende, ser subsanado, para lo cual el fiscal sumariante deberá proceder a la reapertura del proceso sumarial en estudio, decretando conforme a derecho la notificación de la resolución que ordena el inicio del término probatorio, sin perjuicio de los demás trámites que en derecho correspondan. En relación a la segunda alegación de don CC, es necesario señalar que el artículo 19 del decreto N° 40/81, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones de Chile, señala que "la facultad de sancionar una falta, prescribe en el término de seis meses contados desde la fecha en que se cometió; pero, si un proceso militar, penal o administrativo revela que el hecho en cuestión debe ser sancionado, podrá aplicarse la sanción correspondiente aún después de este término". A su vez, el inciso tercero del artículo 19 del citado Reglamento de Disciplina, agrega "las diligencias y actuaciones tendientes a establecer la falta que defina la responsabilidad del autor, suspenden el plazo de prescripción". Como puede apreciarse, a partir de la norma en examen, la prescripción se suspende si en el desarrollo de un proceso sumarial existen diligencias y actuaciones actualmente en desarrollo o decretadas por el fiscal sumariante. Así, en el sumario incoado no puede aceptarse esta alegación, por cuanto la mencionada prescripción fue objeto de suspensión por las numerosas diligencias y actuaciones probatorias que se decretaron. Finalmente, respecto de la situación del señor CC es necesario advertir que se ha podido constatar que los cargos que se le han formulado a fojas 384 de autos, no se encuentran ajustados a derecho, en atención a que han sido formulados en términos generales y abstractos, adoleciendo de imprecisión no refiriéndose éstos, a hechos concretos y precisos, así tampoco se señalan las disposiciones legales infringidas por el funcionario, circunstancia que dificulta la defensa del inculpado, mediante los recursos procesales que la ley contempla, vicio de legalidad que debe ser subsanado . En consecuencia, esta Contraloría General en mérito del análisis de la encuesta sumarial adjunta, acoge los recursos de reclamación interpuestos por los funcionarios don BB y don CC, en contra de la medida disciplinaria de Separación dispuesta aplicar en su contra, al término del sumario administrativo que se acompaña, debiendo esa superioridad proceder a ordenar la reapertura del presente proceso sumarial, a fin de subsanar los vicios de legalidad descritos en el presente oficio en los términos que se ha señalado, sin detrimento de los demás trámites que procedan con posterioridad