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N° 12.770 Fecha: 11-IV-2000
Se ha dirigido a esta Contraloría General, ex–funcionario de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, exponiendo la situación que le afecta, relacionada con la no renovación de su contrato en dicha repartición, pese a encontrarse haciendo uso de licencia médica concedida a raíz de un accidente de trayecto que sufriera el día 13 de diciembre de 1999.
Agrega que recibió la atención de salud correspondiente a través de la Asociación Chilena de Seguridad, entidad que le otorgó reposo y control médico desde el 13 de diciembre de 1999 al 21 de enero de 2000, data esta última en que fue dado de alta. Sin embargo, añade, la circunstancia de tomar conocimiento de que no se prorrogaría su contrato por el año 2000 ni tampoco se le contrataría a honorarios hasta el mes de marzo de este año, como se le habría comunicado en principio, le provocó una reacción nerviosa que lo indujo a consultar a un psiquiatra, quien le extendió una licencia médica a contar del 21 de enero, por treinta días, documento éste que el Servicio se negó a recibir para su tramitación por no investir a esa época la condición de funcionario.
Sobre el particular, conviene puntualizar que, acorde con lo concluido por la jurisprudencia de este Organismo de Control, especialmente en los dictámenes N°s. 15.577, de 1992; 8.217 y 16.548, de 1995, el goce de licencia médica no obliga a la Administración a renovar una contratación, puesto que no le otorga inamovilidad alguna a su beneficiario.
En consecuencia, el hecho de que en la situación que se plantea haya concurrido una causal de cese en el cargo, como lo es el término del período legal por el cual es designado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, acorde con los artículos 140 letra f) y 147 de la ley N° 18.834, necesariamente determinó la expiración de funciones del afectado.
Precisado lo anterior, cabe considerar que el inciso primero del artículo 9° de dicho cuerpo normativo previene que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.
De la disposición estatutaria transcrita se infiere que compete a la autoridad que nombra al empleado calificar la conveniencia de prorrogar un contrato, no encontrándose obligada a notificar al afectado la decisión de no renovarlo.
Con todo, es preciso anotar, con el mérito de los comprobantes de pago de subsidio tenidos a la vista, que en la situación del reclamante se dio cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 19.345, que hizo aplicables a los servidores de la Administración Civil del Estado que se refiere su artículo 1°, de la normativa consultada en la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en orden a cancelársele las remuneraciones correspondientes al lapso comprendido entre el 1° y el 21 de enero de 2000, época en la cual, pese a haberse desvinculado del servicio, aún permanecía vigente la licencia médica originada en el accidente de trayecto que lo afectara.
Con el mérito de lo expuesto, en consecuencia, esta Contraloría General debe concluir que en la situación planteada por el reclamante no se ha vulnerado la legislación que regula la materia, resultando menester puntualizar que se ajustó a derecho la actuación de la repartición empleadora en cuanto no aceptó tramitar la licencia médica extendida por el médico psiquiatra con posterioridad a la data en que fue dado de alta, que acompaña a su presentación, toda vez que el artículo 147 del Estatuto Administrativo señala expresamente que “el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones”.