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N° 11.887 Fecha: 02-IV-2001
Se ha dirigido a. esta Contraloría General doña G.S., Profesional, Grado 8°, de la Planta Adscrita del Servicio Nacional del Consumidor, reclamando por la calificación que le fuera asignada por el período calificatorio 1999-2000, que le significó quedar ubicada en lista 1, con 88.83 puntos.
Expresa en su presentación la interesada que, a su juicio, su proceso calificatorio correspondiente al período ya referido se habría verificado con irregularidades que implicarían la nulidad de la evaluación practicada, las que, en síntesis, dicen relación con la falta de fundamento del acuerdo adoptado por la Junta Calificadora a su respecto, por cuanto al momento de ser notificada de su evaluación se le entregó una copia de un acuerdo general del Comité Ejecutivo, que sugiere revisar los criterios de calificación, por las razones que allí se exponen.
Sobre el particular, esta Entidad de Control debe señalar, en primer término, que el artículo 29 del decreto N° 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, aprobatorio del Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo .aprobado por la Ley N° 18.834, reiterando lo previsto en el artículo 41 de dicho cuerpo estatutario, dispone que "Los acuerdos de la Junta deberán ser siempre fundados y se anotarán en las Actas de Calificaciones que, en calidad de ministro de fe, llevará el secretario de la Junta."
Al respecto, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control ha manifestado que las Juntas Calificadoras deben fundar sus acuerdos enunciando los motivos, razones, causas específicas y circunstancias precisas que se consideraron para asignar al funcionario una determinada evaluación, antecedentes que deben conducir por sí mismos al resultado, debiendo existir concordancia entre el fundamento emitido y las notas asignadas, para cumplir así una doble finalidad : que el servidor esté en condiciones de asumir su defensa con los recursos legales que le franquea la ley y, por otra, que pueda mejorar su comportamiento laboral en el siguiente período, especialmente en aquellos aspectos que significaron una disminución en su evaluación. (Aplica dictamen N° 11.681 de 1999).
Ahora bien, del estudio de los antecedentes tenidos a la vista, se ha podido verificar que, cuando a doña G.S. se le notificó su calificación, se le acompañó copia del Acta de la Junta Calificadora de fecha 19 de octubre de 2000, en la que, junto con individualizar a cada uno de sus integrantes, se . Dejó establecido que la referida servidora quedaba ubicada en lista 1, con 86.58 puntos. Además, se acompaña un acuerdo general adoptado por la Junta Calificadora para el proceso calificatorio 1999-2000, en el que se señala que, con motivo de sugerencias surgidas del Comité Ejecutivo integrado por el Director Nacional y los Jefes de Departamentos y por las razones que allí se detallan, se resolvió rebajar las precalificaciones en un punto y ajustar con mayor rigor los valores conceptuales al desempeño objetivo de cada funcionario.
En relación con lo anterior, esta Contraloría General debe manifestar que, sin perjuicio de que cada Servicio puede adoptar criterios generales aplicables al proceso calificatorio, con el fin de unificar opiniones y procedimientos, conforme a lo sustentado por la jurisprudencia administrativa antes referida y lo dispuesto por el artículo 29 del decreto N° 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, no es posible considerar como debido fundamento del acuerdo adoptado por la Junta Calificadora respecto de la señora G.S., el documento entregado a la funcionaria y titulado "Acuerdo General Adoptado por la Junta Calificadora para el Proceso Calificatorio 1.999-2.000 ", pues él contiene ideas y pautas generales relativas al proceso evaluatorio y no los motivos que respecto a la funcionaria tuvo ese Órgano Evaluador para asignarle la calificación que reclama.
En segundo lugar, cabe puntualizar que el acuerdo de carácter general adoptado por la Junta Calificadora en orden a rebajar la precalificación en un punto a todos los funcionarios que hubieren obtenido precalificación nota 10, es atentatorio contra el principio de juridicidad, que en un concepto amplio y moderno implica la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación o fundamento racional, la que no se advierte en la especie.
Es así como tal situación implica desvirtuar la esencia misma del proceso calificatorio, de conformidad a lo expuesto en el cuerpo de este escrito, al no centrarse éste con la debida detención y acuciosidad en las circunstancias particulares de cada funcionario calificado y, además, implicaría una contravención a las disposiciones legales aplicables a la materia, por cuanto de conformidad al acuerdo general adoptado por la Junta Calificadora, nunca un funcionario podría acceder al máximo de puntaje establecido en el reglamento de calificaciones, situación que configuraría una arbitrariedad que proscribe nuestro ordenamiento jurídico. (Aplica dictamen N° 10.171, de 2001).
En consecuencia, en atención al mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe concluir que el proceso calificatorio de doña G.S. no se ha ajustado a derecho, y, por lo tanto, debe retrotraerse al estado en que la Junta Calificadora emita un nuevo acuerdo a su respecto, en el cual consten las diversas razones, motivos y circunstancias concretas que apreció el citado Órgano Evaluador para otorgarle la evaluación que le asigna, sin perjuicio de los demás trámites legales que correspondan con posterioridad.