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DICTAMEN N° 011552

las normas que autorizan a los organismos publicos para contratar servicios juridicos individuales o colectivos, estan contenidas en el art/16 del dl 1608/76, que autoriza a los servicios, instituciones y empresas regidas por el articulo 1 y 2 del decreto ley 249/73, para celebrar convenios con personas naturales y juridicas que involucren la prestacion de servicios. las normas reglamentarias sobre la materia, respecto de la contratacion de personas juridicas, se encuentran en el capitulo xii del dto 250/2004 hacienda, de conformidad con el art/34 de la ley 19886. la contratacion de personas naturales se rige por el articulo 10 de la ley 18834, que permite a los organismos publicos regidos por el estatuto administrativo, contratar sobre base de honorarios a profesionales, para realizar labores accidentales y que no sean habituales de la institucion. asimismo, pueden contratarse sobre la base de honorarios a extranjeros que posean titulo en la especialidad que se requiera. ademas, esta norma contempla la posibilidad de contratar, tambien a honorarios, la prestacion de servicios para cometidos especificos. si estos contratos se efectuan por los servicios e instituciones regidas por el dl 249/73, quedan sujetas, en lo pertinente al decreto 98/91 hacienda, reglamento del articulo 16 del dl 1608/76, que mantiene su vigencia en relacion con estas contrataciones. acompana informacion sobre la contratacion de abogados por parte de reparticiones publicas que indica, celebrados en el ano 2003, sin desmedro de informar que respecto de otras contrataciones celebradas por servicios publicos distintos a los que se mencionan, contraloria carece de informacion, puesto que el subsistema de estadistica de la base de datos del personal de la administracion del estado de esta contraloria esta disenado para otros fines, dentro de los cuales no se considera el tipo de informacion solicitada en esta oportunidad, la cual solo seria posible recuperar si se proporcionara el nombre o el rol unico tributario de la persona contratada a honorarios. finalmente, corresponde que las solicitudes de los decretos y resoluciones sean formulados por la camara de diputados al pertinente organismo de la administracion, con arreglo a lo especialmente previsto en el articulo 9 de la ley 18918 y limitar la intervencion de esta contraloria a los aspectos relacionados con la aplicacion del articulo 10 de dicho texto, esto es, para el ejercicio de la atribucion de este organismo de control en orden a sancionar la infraccion de alguna entidad en la entrega de la documentacion pertinente

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N° 11.552 Fecha: 7-III-2005 La Cámara de Diputados ha solicitado a esta Contraloría General que informe si existen normas que autoricen a los organismos públicos para contratar servicios jurídicos individuales o colectivos. Asimismo se pide información respecto de la contratación de oficinas de abogados que dichas reparticiones públicas hayan efectuado durante el año 2003. En cuanto concierne a la primera consulta, cabe manifestar que el Decreto Ley N° 1.608, de 1976, en su artículo 16, autoriza, a los servicios, instituciones y empresas que se rigen por los artículos 1° y 2° del Decreto Ley N° 249, de 1973, para celebrar convenios con personas naturales o jurídicas que involucren la prestación de servicios personales a dichos organismos públicos. Las normas reglamentarias sobre la materia, en lo que se refiere a la contratación de personas jurídicas, se encuentran en el Capítulo XII, del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo previsto por el artículo 34 de Ley N° 19.886. Enseguida, en cuanto concierne a la celebración de contratos con personas naturales, es necesario tener presente que Ley N° 18.834, en su artículo 10°, en lo que interesa, permite a los organismos públicos que se rigen por el Estatuto Administrativo, contratar sobre la base de honorarios a profesionales, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución. Asimismo, pueden contratarse sobre la base de honorarios a extranjeros que posean título en la especialidad que se requiera. Además, esta norma contempla la posibilidad de contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos. Si estos contratos de personas naturales se efectúan por los servicios e instituciones regidos por el Decreto Ley N° 249, de 1973, quedan sujetas, adicionalmente, en lo pertinente a las normas del Decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, reglamento del artículo 16 del Decreto Ley N° 1.608, de 1996, qué mantiene su vigencia, en relación con estas contrataciones. En lo que se refiere a la segunda consulta, esto es, a la información sobre la contratación de abogados por parte de las reparticiones públicas, celebrados durante el año 2003, se acompaña, anexo al presente oficio, el listado con los datos de los convenios suscritos en ese periodo por los siguientes servicios: Ministerio de Hacienda; Subsecretaría de Telecomunicaciones; División Administrativa y Secretaría General del Ministerio de Obras Públicas; Comité de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Corporación de Fomento de la Producción; Empresa de Correos de Chile y Empresa de Ferrocarriles del Estado, información que ha sido extractada de los antecedentes existentes en esta Contraloría General o que fueron obtenidos en los propios organismos. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que respecto de otras contrataciones de abogados que se hubieren efectuado durante el período que se consulta, por servicios públicos distintos de los mencionados precedentemente, esta Contraloría General se encuentra imposibilitada para proporcionar esa información, toda vez que el subsistema de estadística de la Base de Datos del Personal de la Administración del Estado de este Organismo Fiscalizador ha sido diseñado para otras finalidades, dentro de las cuales no está considerada el tipo de información solicitada en esta oportunidad, la cual sólo sería posible recuperar si se proporcionara el nombre o el Rol único Tributario de la persona contratada a honorarios. Finalmente, es necesario señalar, tal como se manifestara en el Oficio N° 46.007, de 2003, que corresponde que las solicitudes de los decretos y resoluciones respectivos sean formulados por la Cámara de Diputados al pertinente organismo de la Administración, con arreglo a lo especialmente previsto en el artículo 9 de Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para tales fines, y limitar la intervención de esta Contraloría General a los aspectos relacionados con la aplicación del articulo 10 del citado cuerpo legal, esto es, para el ejercicio de la atribución de este Organismo de Control en orden a sancionar la infracción de alguna entidad de la Administración del Estado en la entrega de la documentación pertinente.