Texto completo
N° 11.552 Fecha: 7-III-2005
La Cámara de Diputados ha solicitado a esta Contraloría General que informe si existen normas que autoricen a los organismos públicos para contratar servicios jurídicos individuales o colectivos. Asimismo se pide información respecto de la contratación de oficinas de abogados que dichas reparticiones públicas hayan efectuado durante el año 2003.
En cuanto concierne a la primera consulta, cabe manifestar que el Decreto Ley N° 1.608, de 1976, en su artículo 16, autoriza, a los servicios, instituciones y empresas que se rigen por los artículos 1° y 2° del Decreto Ley N° 249, de 1973, para celebrar convenios con personas naturales o jurídicas que involucren la prestación de servicios personales a dichos organismos públicos.
Las normas reglamentarias sobre la materia, en lo que se refiere a la contratación de personas jurídicas, se encuentran en el Capítulo XII, del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo previsto por el artículo 34 de Ley N° 19.886.
Enseguida, en cuanto concierne a la celebración de contratos con personas naturales, es necesario tener presente que Ley N° 18.834, en su artículo 10°, en lo que interesa, permite a los organismos públicos que se rigen por el Estatuto Administrativo, contratar sobre la base de honorarios a profesionales, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución. Asimismo, pueden contratarse sobre la base de honorarios a extranjeros que posean título en la especialidad que se requiera.
Además, esta norma contempla la posibilidad de contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos.
Si estos contratos de personas naturales se efectúan por los servicios e instituciones regidos por el Decreto Ley N° 249, de 1973, quedan sujetas, adicionalmente, en lo pertinente a las normas del Decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, reglamento del artículo 16 del Decreto Ley N° 1.608, de 1996, qué mantiene su vigencia, en relación con estas contrataciones.
En lo que se refiere a la segunda consulta, esto es, a la información sobre la contratación de abogados por parte de las reparticiones públicas, celebrados durante el año 2003, se acompaña, anexo al presente oficio, el listado con los datos de los convenios suscritos en ese periodo por los siguientes servicios: Ministerio de Hacienda; Subsecretaría de Telecomunicaciones; División Administrativa y Secretaría General del Ministerio de Obras Públicas; Comité de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Corporación de Fomento de la Producción; Empresa de Correos de Chile y Empresa de Ferrocarriles del Estado, información que ha sido extractada de los antecedentes existentes en esta Contraloría General o que fueron obtenidos en los propios organismos.
Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que respecto de otras contrataciones de abogados que se hubieren efectuado durante el período que se consulta, por servicios públicos distintos de los mencionados precedentemente, esta Contraloría General se encuentra imposibilitada para proporcionar esa información, toda vez que el subsistema de estadística de la Base de Datos del Personal de la Administración del Estado de este Organismo Fiscalizador ha sido diseñado para otras finalidades, dentro de las cuales no está considerada el tipo de información solicitada en esta oportunidad, la cual sólo sería posible recuperar si se proporcionara el nombre o el Rol único Tributario de la persona contratada a honorarios.
Finalmente, es necesario señalar, tal como se manifestara en el Oficio N° 46.007, de 2003, que corresponde que las solicitudes de los decretos y resoluciones respectivos sean formulados por la Cámara de Diputados al pertinente organismo de la Administración, con arreglo a lo especialmente previsto en el artículo 9 de Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para tales fines, y limitar la intervención de esta Contraloría General a los aspectos relacionados con la aplicación del articulo 10 del citado cuerpo legal, esto es, para el ejercicio de la atribución de este Organismo de Control en orden a sancionar la infracción de alguna entidad de la Administración del Estado en la entrega de la documentación pertinente.