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N° 11.158 Fecha: 30-III-2000
Profesor Asistente del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ha deducido un reclamo en contra de un acto administrativo emanado de esa Casa de Estudios Superiores que lo habría privado arbitrariamente de la asignación universitaria de productividad, circunstancia que constituiría una manifestación del trato discriminatorio de que vendría siendo objeto por parte de las autoridades universitarias respectivas.
Sobre el particular, expresa que dicho acto es parte de un proceso sistemático de rebaja progresiva de sus remuneraciones por parte de la Universidad, la cual, por la vía de tales presiones, ha querido poner término forzado a su carrera académica, accionar ya denunciado ante esta Contraloría General con anterioridad por el recurrente.
Añade, enseguida, que en el mes de junio de 1999, y sin que hasta el momento se le haya dado explicación alguna, se suprimió totalmente de su liquidación de remuneraciones la referida asignación. Sin embargo, agrega, en julio del mismo año la Universidad depositó en su cuenta corriente la suma de $ 659.702, que el reclamante estimó correspondía a una rectificación de las autoridades universitarias, en relación al monto de sus rentas; empero, señala, la Jefa de Área de Recursos Humanos le informó, posteriormente, que ello se debió a un error de transcripción, y le solicitó su íntegra devolución.
Por su parte, la Universidad de Chile ha informado, a solicitud de esta Entidad Fiscalizadora, que el interesado recibió hasta febrero de 1998 la asignación universitaria complementaria, y desde marzo de 1994 hasta mayo de 1999, una asignación de productividad, la que mes a mes le fue otorgada mediante sucesivas resoluciones.
Al respecto, indica que la referida asignación de productividad, regulada mediante el decreto universitario N° 235, de 1987, puede ser conferida en montos variables, con los límites que allí se indican, y agrega que se trata de un beneficio cuyo otorgamiento, vigencia y monto es de competencia del Rector de esa Casa de Estudios, quien ha delegado esa atribución en los Decanos de Facultad.
En cuanto se refiere al problema derivado de la suma pagada al ocurrente en el mes de junio de 1999, dicho informe precisa que en el Área de Recursos Humanos se produjo un error en el otorgamiento de la respectiva asignación, pues la suma que fue enterada en favor del peticionario correspondía, en realidad, a otra académica del Plantel.
Agrega, a continuación, que el referido error se repitió en la resolución que concede la mencionada asignación, así como en la liquidación de sueldo del reclamante, y sólo fue detectado el 30 de julio de 1999, fecha en que se comunicó la referida circunstancia al interesado y a la académica afectada, procediéndose a dictar un nuevo acto administrativo modificatorio que permitiera hacer pago a la señora H.A.
Finalmente, señala que el profesor debe proceder al reintegro de la asignación de productividad que percibió indebidamente, tal como se explica en el referido documento.
En relación con la materia, cumple señalar que mediante el dictamen N° 36.661, del 1 de octubre de 1999, esta Contraloría General dio respuesta a un anterior reclamo del interesado, referente al decreto universitario N° 15.641, de 1997, que lo privó de otra asignación, la universitaria complementaria.
En dicho pronunciamiento, esta Entidad Fiscalizadora cuestionó, por una parte, la regularidad del documento denominado "Acciones para 1997", aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en enero de 1997, en el que se describen una serie de medidas a adoptar por dicha Facultad, entre las cuales se cuenta la de solicitar el abandono de la carrera académica a aquellos docentes que, entre otros casos, se encontraren en la jerarquía de Profesor Asistente y tuvieren 50 o más años de edad.
Ello, puesto que dicho texto, en tanto sugiere la posibilidad de disponer el término forzado de la carrera académica de aquellos docentes que superen determinado límite de edad, no se aviene con la norma constitucional que garantiza la libertad de trabajo y su protección, y prohíbe cualquiera medida limitativa que no se base en la capacidad e idoneidad personal, y sólo autoriza a la ley para establecer límites de edad en este ámbito.
Por otra parte, el mencionado dictamen precisa que no aparece, en el caso del decreto universitario N° 15.641, de 1997, que dicho acto haya sido suficientemente motivado y fundamentado, exigencia especialmente válida en la especie, puesto que significa la modificación de un criterio sostenido por la referida autoridad universitaria con anterioridad a la supresión del beneficio, sin señalar de qué manera variaron las circunstancias respectivas.
Finalmente, el referido pronunciamiento concluye que corresponde dejar sin efecto el decreto universitario ya aludido, y proceder a la regularización de la situación remuneratoria del reclamante desde que el referido estipendio fuera suprimido a su respecto.
En relación con la reclamación interpuesta en esta oportunidad, es dable hacer presente, en primer lugar, que la asignación a que se refiere el documento consiste en un beneficio de carácter remuneratorio no permanente, cuya determinación corresponde al Rector de la Universidad de Chile.
En este sentido, es necesario precisar que la dictación de actos que, como ocurre en la especie, corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, máxime cuando la respectiva decisión expresa una alteración de las circunstancias que impulsaron originalmente el otorgamiento de la asignación a que se refiere la presentación.
Ello, por cuanto la mencionada exigencia tiene por objeto asegurar que los actos de la Administración no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional, y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en la misma situación.
En este contexto, cumple hacer presente que examinada la documentación acompañada por el señor Rector de la Universidad de Chile, no aparecen, de modo alguno, antecedentes justificativos de la decisión que en esta oportunidad se impugna, limitándose éste a señalar que se trata de un beneficio cuyo "otorgamiento, período de vigencia y monto es de exclusiva competencia del Rector de la Corporación", la cual se encuentra delegada en los decanos de Facultad en virtud de lo señalado en el decreto universitario N° 1.937, de 1983.
Por lo tanto, corresponde señalar, en armonía con el criterio sustentado en el dictamen N° 36.661, de 1999, que solamente podrá privarse de la asignación de productividad al ocurrente mediante un acto administrativo debidamente fundamentado -lo que en la especie no ha ocurrido- debiendo desde luego procederse a regularizar la situación remuneratoria del peticionario, pagándosele todas las sumas adeudadas por el concepto indicado, desde la fecha en que el referido estipendio dejó de cancelársele.
Finalmente, en relación a la suma percibida por el reclamante en junio de 1999, y que la Universidad de Chile señala como producto de un error de transcripción de la nómina de los académicos propuestos para el pago de la asignación de productividad, es dable señalar que una vez normalizada la aludida situación remuneratoria de interesado, deberá procederse a las compensaciones a que hubiere lugar en virtud de dicho pago.