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DICTAMEN N° 011105

sin desmedro de su vinculacion deben diferenciarse las autorizaciones de pesca y las naves con las cuales se realiza la actividad pesquera extractiva. unas y otras constituyen bienes, incorporales los primeros y corporales los segundos, y su dominio esta entonces amparado por el art/19 numeros 23 y 24 de la constitucion. la ley general de pesca y acuicultura da un trato distinto a la disponibilidad de la autorizacion de pesca y de la nave pesquera, tratamiento que tambien varia segun si la autorizacion opera bajo el regimen general de acceso o bajo el regimen de pesquerias en estado de plena explotacion. ello, dado que la primera autorizacion no puede ser enajenada, arrendada, ni es posible constituir a su respecto otros derechos en beneficio de terceros a ningun titulo, sin desmedro de su transmisibilidad conforme art/15 de ley 18892. se trata, en este caso, de una excepcion legal al principio de libre disposicion de bienes garantizado en el ordenamiento constitucional. en el regimen de pesquerias en estado de plena explotacion, la citada ley, en su art/23 permite enajenar las autorizaciones vigentes, pero esa transferencia no puede efectuarse sino conjuntamente con la de la nave. no existen normas en ley 18892 que priven a propietarios de naves o embarcaciones pesqueras de su facultad de enajenarlas. contrariamente, diversos preceptos (art/16 lt/a) revelan que tales bienes corporales son susceptibles de ser adquiridos y enajenados. asi, el propietario de la embarcacion puede enajenarla libremente, conservando la autorizacion de pesca de la que sea titular (ya que la ley no ha determinado que esta se vea afectada por la enajenacion) lo que seguira vigente mientras no opere alguna causal especifica de caducidad prevista en la ley, destacandose entre ellas la suspension de actividades pesqueras extractivas por mas de 12 meses sucesivos establecida en el art/143 lt/b. asi, no es admisible la tesis de la subsecretaria de pesca en orden a que la enajenacion de la nave extingue la autorizacion, considerando que citado art/16 de ley 18892 permite expresamente ser titular de una autorizacion de pesca sin ser propietario de la nave respectiva. esto se corrobora, ademas, con el art/32 que faculta explicitamente a los titulares de autorizaciones de pesca habilitados para desarrollar actividades pesqueras en pesquerias declaradas en plena explotacion o en pesquerias que tengan su acceso transitoriamente cerrado, para sustituir las naves pesqueras a que se refieren esas autorizaciones, sin que la ley condicione el ejercicio de esa facultad a que el interesado sea propietario de la nave que sera sustituida, bastando con que sea titular de una autorizacion de pesca vigente. segun dicha norma, tampoco se exige que se autorice la sustitucion para que el dueno de una nave pueda enajenarla. por tanto, no se ha ajustado a derecho resolucion de la subsecretaria de pesca que rechazara solicitud de sustitucion de nave, requerida por pesquera, fundada en que el interesado debera ser propietario de la misma. en la normativa rectora de la actividad pesquera existen dos instituciones juridicas de naturaleza distinta, cuales son el derecho a obtener prorroga del plazo de paralizacion de actividades cuando esta se deba a caso fortuito o fuerza mayor (art/143 lt/b), y el derecho de obtener autorizacion para sustituir la nave sobre la que recae la autorizacion de pesca. asi, la decision favorable de la subsecretaria de pesca para la sustitucion de la nave no significa ni el otorgamiento de una nueva autorizacion de pesca ni decision sobre una eventual ampliacion de plazo de suspension de actividades pesqueras. por ello, la caducidad derivada de la no realizacion de actividades pesqueras es independiente de una eventual solicitud de permiso para sustituir naves y, consecuentemente, del resultado de esta peticion. asi, si no se presentan las circunstancias previstas por la ley para autorizar la ampliacion del plazo aludido (solicitud oportuna fundada en caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados), la autoridad debe, en su caso, declarar la caducidad. igualmente, si la autorizacion de pesca se ve afectada por una causal de caducidad y esta pendiente una solicitud de sustitucion de nave, esta ultima debe denegarse, porque, como se ha senalado, para que proceda, se requiere que la autorizacion de pesca respectiva se encuentre vigente

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N° 11.105 Fecha: 29-III-2000 Se ha remitido a esta sede central una presentación formulada por la Pesquera Quintero Uno S.A., representada por el señor XX, mediante la cual esa entidad privada objeta que la Subsecretaría de Pesca haya rechazado una solicitud de sustitución de la nave Plavnik y que luego haya declarado la caducidad total y parcial de las autorizaciones de pesca relativas a dicha nave. En efecto, el 31 de enero de 1997, la Pesquera Quintero Uno S.A. enajenó la nave Plavnik al Consorcio Peruano Carolina S.A. y posteriormente, el 8 de julio de ese mismo año, solicitó su reemplazo por otra embarcación de su propiedad que se encontraba en construcción. La Subsecretaría de Pesca, a través de su Resolución exenta N° 1.793, de 1997, no accedió a esa petición, argumentando que para que ella fuera procedente, el solicitante debía ser propietario de la nave, pues de otro modo se violaría lo prescrito en el artículo 32 de Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante el DFL. N° 430 de 1991-, y en el Decreto N° 64 de 1992, que establece los requisitos para la sustitución o reemplazo de las naves en unidades de pesquería declaradas en estado de plena explotación, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca. Posteriormente, mediante la Resolución Exenta N° 24, de 1998, e invocando lo dispuesto en el artículo 143 letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la misma entidad pública declaró la caducidad total y parcial de las autorizaciones de pesca que señala, correspondientes a la misma nave, basada en que la ocurrente había suspendido sus actividades pesqueras por un período superior a los doce meses a partir de agosto de 1996, o no las había iniciado por dos años consecutivos, según Ios casos. El señor XX, alega al respecto que de acuerdo con el artículo 32 de Ley N° 18.892 y el Decreto N° 64 de 1992, no es necesario ser dueño de la nave al momento de solicitar su sustitución, y que tal exigencia vulnera el derecho a la libre disposición de los bienes contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, por lo que debió accederse a la sustitución. Agrega que, en su concepto, la causal de caducidad que se aplicó ha sido consecuencia precisa de la indebida denegación de la sustitución, ya que de haberse otorgado no se habría producido. Requerido su informe por la Contraloría Regional de Valparaíso a la mencionada Subsecretaría, ésta ha manifestado, en síntesis, que del citado artículo 32 aparecería que la enajenación de la nave produciría la extinción de la autorización de pesca, y que esa conclusión habría sido reconocida -en otro caso- en un fallo de un recurso de protección. En lo relativo a la caducidad declarada en la especie, indica que sólo ha dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 143, letra b), de Ley N° 18.892. En relación con el reclamo relativo a la sustitución de la nave, cumple esta Contraloría General con expresar, primeramente, que cabe tener en consideración que el N° 11 del artículo 2° de Ley N° 18.892 define la autorización de pesca señalando, en lo que resulta útil para el actual pronunciamiento, que es una autorización administrativa para realizar actividades pesqueras extractivas con una determinada nave. Por su parte, el primer inciso del artículo 14 del mismo cuerpo legal señala que en el mar territorial, con excepción del área de reserva para la pesca artesanal, y en la zona económica exclusiva de la República, existirá un régimen general de acceso a la actividad pesquera extractiva industrial, en aquellas pesquerías que no se encuentren declaradas en los regímenes de plena explotación, en pesquerías en recuperación o de desarrollo incipiente a que se refieren las normas que indica. A su vez, el N° 21 del artículo 2° previene que el estado de plena explotación es aquélla situación en que la pesquería llega a un nivel de explotación tal que, con la captura de las unidades extractivas autorizadas, ya no existe superávit en los excedentes productivos de la especie hidrobiológica. Precisado lo anterior, este Organismo Fiscalizador cumple con recordar, en armonía con los Dictámenes N° 31.326 de 1992, y 40.263 de 1995, que deben diferenciarse, sin perjuicio de su vinculación, las autorizaciones de pesca y las naves con las cuales se desarrolla la actividad pesquera extractiva, y que unas y otras constituyen bienes, incorporales los primeros y corporales los segundos, cuyo dominio se encuentra en consecuencia amparado por las garantías constitucionales de los N°s 23 y 24 de la Constitución Política, en cuanto aseguran a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clases de bienes corporales o incorporales. En este orden de exposición es útil consignar que eI inciso segundo de dicho N° 24 preceptúa, en lo pertinente, que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, de lo que es posible observar, entonces, que la Carta Fundamental protege todos los atributos del dominio, incluido el derecho a disponer libremente del bien sobre el cual éste recae, en términos tales que cualquier limitación a los derechos de uso, goce y disposición, sólo puede tener su fundamento en una norma jurídica de rango legal. Ahora bien, en relación con lo expuesto corresponde anotar que la Ley General de Pesca y Acuicultura da un tratamiento distinto a la disponibilidad de la autorización de pesca, por una parte, y de la nave pesquera, por la otra, tratamiento que también varía según si la autorización opera bajo el régimen general de acceso o bajo el régimen de pesquerías en estado de plena explotación. En efecto, la autorización de pesca bajo el régimen general de acceso a la actividad pesquera extractiva industrial no puede ser enajenada, arrendada, ni resulta posible constituir a su respecto otros derechos en beneficio de terceros a ningún título, sin perjuicio de su transmisibilidad, según lo dispone expresamente el artículo 15 de Ley N° 18.892. Se trata, por ende, de una excepción legal al principio de la libre disposición de los bienes garantizado en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, cuando se trata del régimen de pesquerías en estado de plena explotación, la propia ley en su artículo 23 permite enajenar las autorizaciones de pesca vigentes, disponiendo al efecto que esas autorizaciones, “que facultan a sus titulares para desarrollar actividades pesqueras extractivas, en unidades de pesquerías declaradas en estado de plena explotación y sometidas a dicho régimen de administración, serán transferibles con la nave, en lo que concierne a dichas unidades de pesquerías, e indivisibles”. Conforme con esta contraexcepción, entonces, las autorizaciones de pesca son transferibles en la situación que se señala, pero la transferencia de la autorización no puede efectuarse, por expresa disposición de la ley, sino conjuntamente con la de la nave. Por otro lado, distinta es la situación en lo que se refiere a las naves o embarcaciones pesqueras, por cuanto tal como se expresó en el citado Dictamen N° 31.326 de 1992, no se advierten disposiciones en Ley N° 18.892 que priven a sus propietarios de la facultad de enajenar esos bienes corporales y, por el contrario, diversos preceptos, como el de la letra a) del artículo 16, revelan que los mismos son susceptibles de ser adquiridos y enajenados. De este modo, el propietario de la embarcación puede enajenarla libremente, conservando la autorización de pesca de la que sea titular -desde el momento en que la ley no ha determinado que ésta se vea afectada por la enajenación-, la cual se mantendrá vigente en tanto no opere alguna causal específica de caducidad prevista en la ley, siendo de destacar entre ellas y en lo que interesa, la consistente en la suspensión de actividades pesqueras extractivas por más de 12 meses sucesivos, establecida en el artículo 143, letra b), de la misma ley. Es del caso concluir, por consiguiente, que no resulta admisible la tesis de la Subsecretaría de Pesca en orden a que la enajenación de la nave produzca la extinción de la autorización, tanto por Io precedentemente señalado, como porque la ley no la ha previsto como causal de caducidad, debiendo advertirse -en el mismo sentido- que la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su artículo 16, permite expresamente ser titular de una autorización de pesca sin ser propietario de la nave respectiva. Más aún, corrobora lo expuesto la circunstancia de que el artículo 32 del texto legal en comento faculta explícitamente a los titulares de autorizaciones de pesca habilitados para desarrollar actividades pesqueras en pesquerías declaradas en plena explotación o en pesquerías que tengan su acceso transitoriamente cerrado, para sustituir las naves pesqueras a que se refieran tales autorizaciones, sin que la ley condicione el ejercicio de esa facultad a que el interesado sea propietario de la nave que será sustituida, bastando con que sea titular de una autorización de pesca vigente, y sin que de los términos del mencionado precepto pueda estimarse, en armonía con el ordenamiento constitucional, que la ley ha establecido una condición -consistente en que se autorice la sustitución- para que el dueño de una nave pueda enajenarla. De esta manera corresponde señalar, concordando con la Contraloría Regional de Valparaíso, que la resolución de la Subsecretaría de Pesca que rechazó la solicitud de sustitución de la nave Plavnik, requerida por la Pesquera Quintero Uno S.A., fundada en que el interesado debía ser propietario de la nave respectiva, no se ajustó a la citada Ley N° 18.892, afectando, consecuentemente, las garantías constitucionales aludidas en el cuerpo de este pronunciamiento y el principio de juridicidad que debe inspirar los actos de la Administración, contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en el artículo 2° de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Finalmente, en esta parte, y en cuanto al fallo judicial que invoca en su favor la Subsecretaría de Pesca, es necesario precisar -como se ha expresado, entre otros, en los Dictámenes N°s 20.034 de 1992, 5.061, de 1998 y 49.523, de 1999- que conforme lo dispone el artículo 3° del Código Civil, las sentencias de los Tribunales de Justicia producen efectos relativos, alcanzando sólo a quienes han sido parte en el litigio, sin que afecten la plena vigencia de la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control respecto de quienes no aprovechan las resoluciones judiciales de que se traten. El segundo aspecto del reclamo formulado por la pesquera consiste en que la declaración por parte de la Subsecretaría de Pesca de la caducidad total y parcial de los permisos de pesca de los cuales esa era titular se debió exclusivamente a la denegación de la solicitud de sustitución de la nave Plavnik por otra en construcción, lo que imposibilitó, argumenta, que la embarcación sustituta realizara actividades pesqueras. Sobre el particular, es necesario señalar que el referido artículo 143, letra b), establece como causal de caducidad de las autorizaciones y permisos, en lo que interesa, no iniciar actividad pesquera extractiva, entendiéndose por tal la no realización de operaciones de pesca con una o más naves, por dos años consecutivos, o suspender dichas actividades por más de 12 meses sucesivos, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados, en cuyo caso la Subsecretaría autorizará por una sola vez una ampliación de plazo en los términos que indica. Añade, el inciso segundo de la referida letra b), que puede caducarse parcialmente una autorización cuando se incurre en la causal señalada, respecto de una o más naves, áreas de pesca o especies autorizadas. Ahora bien, tal como se manifestó en el antes citado Dictamen N° 40.263, de 1995, en la normativa que regula la actividad pesquera existen dos instituciones jurídicas de naturaleza distinta, cuales son el derecho de obtener la prórroga del plazo de paralización de actividades cuando ésta se deba a caso fortuito o fuerza mayor, a que alude su artículo 143 letra b), por una parte, y el derecho de obtener una autorización para sustituir la nave sobre la que recae la respectiva autorización de pesca, a que se refiere su artículo 32, por la otra. Se agregó en dicho pronunciamiento que, de este modo, la decisión favorable de la Subsecretaría de Pesca para la sustitución de una nave no importa ni el otorgamiento de una nueva autorización de pesca ni, desde luego, decisión respecto de una eventual ampliación de plazo de suspensión de actividades pesqueras, atendidas sus distintas naturaleza, características y requisitos. De ello se sigue, por tanto, que la caducidad que puede derivar de la no realización de actividades pesqueras es independiente de una eventual solicitud de autorización para la sustitución de naves -y por ende del resultado de esta petición-, de tal forma que si no se presentan las circunstancias previstas por la ley para que se autorice la ampliación de plazo de no realización de actividades pesqueras -solicitud oportuna fundada en caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados- la autoridad deberá, en su caso, declarar la caducidad. Es dable precisar también que, naturalmente, si la autorización de pesca se ve afectada por una causal de caducidad, y se encuentra pendiente una solicitud de sustitución de nave, esta última debe ser denegada, por cuanto para que proceda -y como antes se ha señalado- se requiere que la autorización de pesca respectiva se encuentre vigente. En estas condiciones, habiéndose verificado en la especie la causal de caducidad determinada por la Subsecretaría de Pesca, ésta se ha ajustado a derecho al declararla.