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N° 10.953 Fecha: 12-III-2007
Doña X.X., funcionaria a contrata del Instituto Nacional de Deportes de Chile, se ha dirigido a esta Contraloría General impugnando la medida adoptada por la autoridad administrativa, en orden a no renovar su contratación, decisión que fue comunicada por su jefe directo y que encontraría su fundamento en una acusación por falta a la probidad formulada en su contra, según expone.
Sobre el particular, cabe anotar, en primer término que según consta en los registros que obran en la Base de Datos de Personal de este Organismo de Control, mediante resolución N° 48, de 2003, del Instituto Nacional de Deportes, se dispuso la contratación de la recurrente, a contar del 14 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2003, con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", siendo sucesivamente prorrogada en estas mismas condiciones, hasta el año 2006.
Precisado lo anterior, resulta menester señalar que los empleos a contrata son aquellos que se encuentran consultados en calidad de transitorios en la organización de un Servicio, y cuya duración máxima es hasta el 31 de diciembre de cada año, por ende, los funcionarios que los sirven expiran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, en conformidad con lo previsto en el artículo 10, del DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
Enseguida, resulta útil tener presente que la no renovación de ellos no constituye contravención alguna al ordenamiento jurídico vigente, toda vez que en estos casos opera la causal legal de expiración de funciones contemplada en los artículos 146, letra f), y 153, de la Ley N° 18.834, esto es, el término del período legal por el cual se es designado o el cumplimiento del plazo por el que se contrata, lo que produce la inmediata cesación de las funciones del empleado.
En este mismo orden de ideas, cabe anotar que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor, contenida en los dictámenes Nos. 5.305, de 2000 y 22.209, de 2003, entre otros, ha informado que las funciones de los empleados a contrata expiran automáticamente el 31 de diciembre, cuando no se ha señalado determinado plazo dentro del año, sin que exista para la autoridad administrativa obligación de prorrogar dichos contratos, como asimismo, que compete privativamente a la superioridad determinar la procedencia de la prórroga de un contrato y su duración, sin que corresponda a esta Contraloría General ponderar las razones que tuvo en cuenta dicha autoridad para determinar, en uso de sus facultades privativas, la no renovación de una contratación.
A mayor abundamiento, esta Entidad Fiscalizadora cumple con mencionar que el solo vencimiento del plazo del contrato produce el término de los servicios del empleado de que se trate sin que para ello sea necesaria una manifestación expresa de voluntad por parte de la autoridad, en orden a señalar su decisión de no prorrogar el respectivo convenio, y por ende, tampoco existe la obligación de expresar las razones tenidas en consideración para ello.
Así entonces, frente a la falta de un pronunciamiento de la superioridad en cuanto a la eventual prórroga de un determinado contrato, la ley se preocupó de señalar el efecto que tal silencio ocasiona, sin exigir que se manifiesten las motivaciones que aquélla pudo tener para no pronunciarse, lo cual implica que el legislador no ha estimado necesario que se conozcan y, por consiguiente, que se ponderen o revisen tales consideraciones, tal como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 12.427, de 2004.
En estas condiciones, esta Contraloría General, debe necesariamente rechazar la presentación interpuesta por doña XX, por carecer de fundamento legal que la sustente.