contraloria curso decretos 102/93 y 113/93 vivienda, que modifican planos reguladores comunales de santo domingo y el quisco, respectivamente, porque art/50 del dfl 458/75 del mismo ministerio, esta vigente, ya que no ha sido derogado por ley 18738, pues esta modifico articulos 43, 45, 46 y 48 del citado dfl, los que actualmente contemplan los procedimientos generales que deben observarse para la iniciativa, elaboracion, financiamiento, revision, aprobacion y sancion de los planes reguladores comunales, sus modificaciones y sus planes seccionales, todo ello a nivel local o regional, sin la intervencion del ministro de vivienda, pero de esa preceptiva general no forma parte el referido art/50, disposicion excepcional que faculta a la senalada secretaria de estado para aprobar y modificar los planos reguladores, en casos especiales de proyectos de los servicios de vivienda y urbanizacion, a proposicion de la respectiva secretaria regional ministerial y para lo cual se requiere de un mero informe de la municipalidad correspondiente, el que no obliga al ministerio.
ademas, art/50 ya mencionado tampoco ha sido derogado por ley 18695, por cuanto art/58 letra b) de esta ultima, al expresar que el alcalde requerira el acuerdo del concejo para "aprobar el proyecto del plan regulador comunal y sus modificaciones", se esta refiriendo a la normativa general que regula la materia, contenida en dfl 458/75, interpretacion que corrobora ley 18695 art/3 lt/c que establece que "corresponderan a las municipalidades las siguientes funciones privativas: c) la planificacion y regulacion urbana de la comuna y la confeccion del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes", frase esta ultima incompatible con cualquier criterio tendiente a demostrar que ley 18695 derogo art/50 del dfl 458/75, pues dicha preceptiva se remite expresamente a la legislacion vigente sobre la materia. finalmente, el tantas veces aludido art/50 no ha sido derogado por ley 19175 art/36 lt/c, art/20 letra f) y art/100, que facultan al consejo regional, el primero, y al gobierno regional el segundo, para aprobar los planes reguladores comunales, por cuanto esa normativa es reiterativa en el sentido de que esas atribuciones deben ejercerse "en conformidad con la ley general de urbanismo y construcciones" o "de acuerdo con la normativa que rija la materia", y que dichas competencias "no afectaran las funciones y atribuciones que correspondan a la administracion publica nacional"