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DICTAMEN N° 004464

La posibilidad de convenir beneficios en el sistema remuneratorio del sector privado, en las situaciones en que éste se aplica a servidores de la Administración, como ocurre en el caso de funcionarios administrativos de Dirección de Educación de Municipalidad conforme al art/4 del DFL 1/3063/80 Interior, está limitada exclusivamente a las franquicias previstas y reguladas por la ley, de modo tal que los estipendios deberán otorgarse por el empleador dentro del marco y en la forma establecida por el legislador. Por ende, los beneficios de aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, el Bono de Escolaridad y el Bono Adicional de Escolaridad establecidos en la ley 20143 en favor de los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a los municipios, como ocurre en este caso, todos emolumentos no imponibles como lo indican los artículos 10, 13 y 14 de dicha ley, deben pagarse a sus beneficiarios con dicho carácter. Lo indicado no se afecta por la circunstancia de que en los contratos de trabajo del personal administrativo aludido se hayan estipulado beneficios similares, ya que no es posible pactar, con los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, remuneraciones que no se encuentren contempladas en dicho texto o no correspondan a una contraprestación de los servicios. Por ende, procede dejar sin efecto el decreto alcaldicio que dispuso la imponibilidad de los referidos emolumentos, debiendo restituirse a los trabajadores afectados los descuentos realizados.

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N° 4.464 Fecha: 31-I-2008 Funcionarios administrativos de la Dirección del Servicio Municipal de Educación de la Municipalidad de Arica, solicitan a la Contraloría General un pronunciamiento sobre la procedencia de que, mediante decreto alcaldicio, se haya dispuesto la imponibilidad de los beneficios remuneratorios establecidos en la ley N° 20.143, a pesar de que acorde con dicho texto legal, no tienen esa característica. Requerida de informe, la Municipalidad de Arica ha remitido el oficio N° 1526/2007, en el cual señala, en síntesis, que los recurrentes se encuentran afectos al Código del Trabajo, por lo que la fuente de sus remuneraciones son los respectivos contratos de trabajo y no la ley que invocan; por consiguiente los bonos y aguinaldos que se han concedido contractualmente son imponibles conforme a las normas generales sobre la materia. Sobre el particular, cumple señalar, en primer término, que de conformidad al artículo 4°, del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior, el personal traspasado a las municipalidades, y el que posteriormente se contrate por éstas, en lo que interesa, para la administración de los establecimientos educacionales, no será considerado dentro de la dotación fijada para el municipio respectivo, agregándose enseguida, que "dicho personal se regirá en todo por las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado". Por tanto, fluye de la norma precitada que el régimen remuneratorio de los funcionarios administrativos recurrentes se regula exclusivamente por las normas del sector privado, esto es, por las disposiciones del Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ello, en todo caso, es sin perjuicio, por cierto, de los beneficios especiales que fije la ley, en las condiciones que establezca. En este orden de ideas, corresponde hacer presente, tal como ha manifestado la reiterada jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General contenida, entre otros, en sus dictámenes N°s 4.138, de 1983 y 9.024, de 1992, que la posibilidad de convenir beneficios en el sistema remuneratorio del sector privado, en las situaciones en que éste se aplica a servidores de la Administración, se encuentra limitada exclusivamente a las franquicias previstas y reguladas por la ley, de modo tal que los estipendios deberán otorgarse por el empleador dentro del marco y en la forma establecida por el legislador. En este punto, conviene recordar que el artículo 3°, de la ley N° 20.143, dispone que el Aguinaldo de Navidad que otorga el artículo 2°, corresponderá, asimismo, en los términos que establece dicha disposición, entre otros, "a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades, siempre que tengan alguna de dichas calidades a la fecha de publicación de esta ley”. A su turno, el artículo 8° del citado texto legal, concede, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 2007 a los trabajadores que, al 31 de agosto del año 2007, desempeñen cargos de planta o a contrata de las entidades a que se refiere el artículo 2°, y para los trabajadores a que se refieren los artículos 3°, 5° y 6° de esa ley. Puntualizado lo anterior, cabe precisar que el artículo 10 de la ley en comento, preceptúa que "los aguinaldos a que se refiere esta ley no serán imponibles". Enseguida, el artículo 13 de la ley N° 20.143, en lo que interesa, concede, por una sola vez, a los trabajadores a que se refiere el artículo 1° de esta ley y, entre otros, a los de los servicios traspasados a las municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, un Bono de Escolaridad no imponible, por cada hijo de entre cuatro y veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida para los efectos del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Además, el artículo 14 de la ley en estudio, otorga a los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, durante el año 2007, un Bono Adicional de Escolaridad de $ 6.406 por cada hijo que cause este derecho, cuando a la fecha de pago del bono, los funcionarios tengan una remuneración líquida igual o inferior a $ 368.200, la que se pagará con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo y se someterá en lo demás a las reglas que rigen dicho beneficio. De lo anteriormente expuesto, se sigue que aquellos beneficios establecidos en la ley N° 20.143 en favor de los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades, como los Aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, el Bono de Escolaridad y el Bono Adicional de Escolaridad, mencionados precedentemente -todos emolumentos no imponibles, conforme a los artículos 10, 13 y 14 del citado texto legal-, deben pagarse a sus beneficiarios con dicho carácter. Cabe anotar que en nada afecta a la conclusión que antecede la circunstancia de que en los contratos de trabajo del personal administrativo recurrente se hayan estipulado beneficios similares, ya que, tal como se expresara por esta Entidad Fiscalizadora a través de los dictámenes N°s 44.405 y 47.184, ambos de 2007, no es posible pactar, con los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, remuneraciones que no se encuentren contempladas en dicho texto o no correspondan a una contraprestación de los servicios. Por lo tanto, habida cuenta de que los emolumentos de que se trata tienen su origen directo en la ley N° 20.143, deben ser otorgados en los términos allí previstos. En este sentido, considerando lo expuesto, de modo expreso, en la citada ley N° 20.143, la cual otorga el carácter de no imponibles a los beneficios en examen, sólo cabe concluir, que no ha procedido que la autoridad edilicia disponga la imponibilidad de los Aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, del Bono de Escolaridad y el Bono Adicional de Escolaridad establecidos en favor de los funcionarios administrativos de la Dirección del Servicio de Educación de la Municipalidad de Arica. En mérito de las consideraciones expuestas, procede dejar sin efecto el decreto alcaldicio que dispuso la imponibilidad de los referidos emolumentos, debiendo restituirse a los trabajadores afectados los descuentos realizados por dicho concepto.