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N° 3.941 Fecha: 25-I-2005
Secretario General de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, solicita un pronunciamiento que determine si en la función educacional que le corresponde desarrollar, resulta posible que cree, administre y opere jardines infantiles, aspecto que reviste importancia, en especial, en su incidencia presupuestaria.
Sobre el particular, cumple manifestar que la materia planteada dice relación con el alcance que debe darse al objeto de las corporaciones creadas al amparo del DFL. N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior.
En ese contexto, se debe anotar, en primer término, que en el Dictamen N° 16.129, de 1991, esta Contraloría General ha establecido, en lo que interesa, que los jardines infantiles forman parte del nivel educativo que la ley define como educación parvularia y, por tanto, su creación y administración se encuentra comprendida en la función educacional de los municipios.
Corrobora lo expresado, lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, N° 10, de la Constitución Política de la República, relativo a la garantía del derecho a la educación, en orden a que el Estado promoverá la educación parvularia, como asimismo lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 2° de Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en relación a que es deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles, en especial la educación parvularia.
Precisado lo anterior, debe recordarse que ciertas municipalidades, en ejercicio de la facultad que les confirió el artículo 12 del mencionado DFL. N° 1-3.063, crearon corporaciones para la operación y administración de los servicios de educación, salud y atención del menor, y con las cuales celebraron convenios en virtud de los cuales les traspasaron los establecimientos específicos que la municipalidad había tomado a su cargo.
En ese contexto, se hace necesario determinar, entonces, si una corporación de esa naturaleza puede crear y administrar un establecimiento distinto a aquellos que le fueron traspasados.
Sobre este punto, se debe tener presente que el artículo 3°, letra a), del Decreto N° 462, de 1981, del Ministerio de Justicia -que aprobó el texto del Estatuto Tipo de las corporaciones aludidas- establece que su objeto será administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud y atención de menores que haya tomado a su cargo la respectiva municipalidad, "adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, la corporación tendrá las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en materia de supervigilancia y fiscalización correspondan a las Autoridades Públicas, de acuerdo con las leyes y reglamentos".
Como puede apreciarse, si bien el objeto de las corporaciones aludidas está restringido a la naturaleza de los servicios de que se trata, no se advierten elementos jurídicos que lo limiten, además, a los bienes inmuebles específicos que le fueron traspasados para su administración y operación en su oportunidad.
Por otra parte, cabe señalar que las aludidas corporaciones constituyen sólo el medio a través del cual algunos municipios administran los servicios de educación, salud y atención del menor, según se desprende del artículo 23 de Ley N° 18.695 -en cuanto distingue entre las municipalidades que administran "directamente" dichos servicios y aquellas en las que existe una corporación municipal-, de manera que, así como las municipalidades que tomaron a su cargo directamente los servicios educacionales, pueden crear y administrar nuevos establecimientos para satisfacer eficientemente las necesidades de la comunidad local, cumpliendo de esa forma con una de sus funciones, también resulta jurídicamente admisible que lo hagan aquellas corporaciones mediante las cuales algunos municipios prestan legítimamente esos servicios.
En consecuencia, cabe concluir que la creación de jardines infantiles -al constituir establecimientos a través de los cuales se prestan servicios educacionales- se encuentra dentro del objeto de las corporaciones municipales creadas al amparo del DFL. N° 1-3.063, de 1980.
Se reconsidera toda jurisprudencia contraria al criterio contenido en el presente dictamen.