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DICTAMEN N° 002466

Quienes prestan servicios a la Administración sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como única norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, careciendo de los derechos de que gozan los empleados públicos. Por tanto, los contratados a honorarios no gozan de los derechos a que se refiere la ley 20205, sobre protección al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, ya que aquéllos han sido establecidos exclusivamente en favor de los funcionarios públicos. En el contrato en cuestión, aprobado por resolución del Instituto Nacional de Deportes, se contiene expresamente la facultad de la autoridad para poner término anticipado al mismo.

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N° 2.466 Fecha: 18-I-2008 Se ha dirigido a esta Contraloría General don S.U., quien prestó servicios sobre la base de honorarios para el Instituto Nacional de Deportes de Chile, quien solicita un pronunciamiento que determine si se encuentra amparado por la protección establecida en el artículo 90 A de la ley N° 18.834, agregado por la ley N° 20.205, a propósito de la denuncia que aquél efectuó respecto de diversas irregularidades que habría cometido dicha entidad. Agrega el ocurrente, que en lugar de prestársele la protección pertinente, se le comunicó el término anticipado de su contrato a honorarios, lo que, en su opinión, estaría en contradicción con lo dispuesto en el referido precepto legal, motivo por el cual solicita también un pronunciamiento al respecto. Sobre el particular, cabe hacer presente que la ley N° 20.205, sobre protección al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, modificó las leyes N°s. 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, estableciendo, en lo que importa, una serie de derechos en favor de los servidores públicos que efectúen las anotadas denuncias, dentro de los que se contempla el privilegio de no ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, dentro del lapso que se señala. Al respecto, resulta necesario destacar que los beneficios que se incorporaron a los referidos cuerpos legales por la citada ley N° 20.205, fueron establecidos en favor de los servidores públicos cuya función es regulada por los aludidos cuerpos estatutarios. Precisado lo anterior, es dable señalar que de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 11 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de dicho cuerpo legal. En relación con la indicada disposición legal, la reiterada jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, ha señalado, entre otros, en sus dictámenes N°s. 47.066, de 2000 y 38.989, de 2002, que las personas que prestan servicios a la Administración sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como única norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, careciendo de los derechos de que gozan los empleados públicos. De conformidad con lo expresado, las personas contratadas a honorarios no tienen los derechos establecidos en el artículo 90 A de la citada ley N° 18.834 agregado por la aludida ley N° 20.205, toda vez que aquéllos han sido establecidos exclusivamente en favor de los funcionarios públicos, tal como lo precisó la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora a través del dictamen N° 59.230, de 2007. Por consiguiente y atendido a que el peticionario prestaba servicios sobre la base de honorarios y que, por ende, no posee la calidad de funcionario, resulta forzoso manifestar que no goza de los beneficios en estudio. En este sentido, cabe hacer presente, además, que en la cláusula séptima del contrato a honorarios de que se trata -aprobado por la resolución N° 173, de 2007, del Instituto Nacional de Deportes de Chile-, se faculta a la autoridad para poner término anticipado al mismo, por lo que en armonía con lo expresado, entre otros, en los dictámenes N°s. 12.473, de 2002 y 53.012, de 2004, de esta Entidad Fiscalizadora, en la especie, no ha existido obstáculo legal para que se dispusiera el término de aquél. En consecuencia, y sobre la base de las consideraciones expuestas en el presente oficio, se desestima el reclamo interpuesto.