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DICTAMEN N° 001481

Atiende presentaciones de personas que indica, y del Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile A.G.

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N° 1.481 Fecha: 14-I-2000 El Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile A. G. y doña Sonia Araya Marín, se han dirigido a esta Contraloría General solicitando que la Municipalidad de Arica pague la franquicia indemnizatoria contemplada en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070 -sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación- que le corresponde percibir a la recurrente, por haberse acogido a jubilación por invalidez y don Guido Coscio Pacci, que se anule todo lo obrado respecto del término de su relación laboral con el Servicio Municipal de Educación. En este contexto, la Contraloría Regional de Tarapacá, mediante los oficios N°s 147 y 810, ambos de 1999, no se pronunció sobre dichas situaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, ya que las materias se encontraban sometidas al conocimiento de los Tribunales de Justicia, por cuanto la Municipalidad de Arica -a través del Servicio Municipal de Educación- interpuso dos demandas de jactancia en juicio sumario, una el 8 de enero de 1999, en contra de doña Sonia Araya Marín y otra, el 5 de marzo, en contra de don Guido Coscio Pacci, por haber manifestado ambos por escrito, que tenían derecho, la primera, a una indemnización por años de servicio y el segundo, a reintegrarse a sus labores de profesor. Sobre el particular, es necesario determinar previamente, el alcance que tiene la interposición de una demanda de jactancia, por cuanto podría incidir en la competencia de la Contraloría General, para pronunciarse sobre la materia. Al respecto, es dable señalar que la jactancia, que se encuentra tratada en los artículos 269 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es el acto en virtud del cual alguna persona manifiesta corresponderle un derecho del que no está gozando. Así, en toda jactancia intervienen dos partes, el jactancioso y el jactado y este último, es quien solicita al tribunal respectivo que se obligue al jactancioso, esto es, aquél que ha manifestado corresponderle un derecho de que no está gozando, a deducir demanda dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento, si no lo hace, de no ser oído después sobre aquel derecho, vale decir, la jactancia -tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de los tribunales-, constituye un "ante juicio", que tiende a dar o no origen a un juicio ordinario, en el cual debe plantearse la discusión y fallo sobre el fondo de los hechos y derechos que se alegan. En consecuencia, el efecto de la jactancia, de no ejercer una pretensión dentro del plazo establecido, no es otro que constituir una sanción de caducidad que no implica necesariamente que se pierda en definitiva el derecho que el jactancioso manifiesta corresponderle, toda vez que la caducidad procesal sólo hace perder el ejercicio de la facultad de demandar en dicha instancia jurisdiccional, pero no impide que haga valer el derecho de que se jacta a través de otros medios legales y en otros procedimientos. En este contexto, cabe precisar que en el juicio de jactancia no procede considerar las cuestiones de fondo que atañen al derecho mismo, las cuales deben hacerse valer -cuando corresponda- en la segunda litis a que pueda dar lugar la jactancia, pero tratándose de derechos de carácter estatutario, como los que reclaman los recurrentes, es dable señalar que a este Organismo Contralor le corresponde pronunciarse sobre el fondo de la materia debatida, no pudiendo, por ende, excepcionarse de ejercer a cabalidad sus facultades expresamente establecidas en la Constitución y las leyes. Lo anterior, por cuanto, en conformidad con los artículos 87 y 88 de la Constitución Política, corresponde a la Contraloría General de la República, ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado y desempeñar las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, establece que a esta Entidad Fiscalizadora le corresponde, en general, vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, en la especie, la Ley N° 19.070 y específicamente, emitir informes en relación con aquellas materias o asuntos que se refieran al derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de establecer la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. A su turno, el artículo 6° de la misma ley dispone que corresponderá exclusivamente al Contralor informar, entre otros aspectos, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. Ahora bien, tratándose de las Municipalidades, el artículo 44 de la Ley N° 18.695, establece que "serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional". Por lo tanto, no cabe sino reconocer las facultades que a este Ente Fiscalizador le otorgan la Constitución Política, su Ley Orgánica Constitucional y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para ejercer el control de la legalidad de todos los actos municipales, en especial, los relativos a las materias estatutarias del personal de las entidades edilicias. Por otra parte, el inciso tercero, del artículo 6°, de la Ley N° 10.336, dispone que "la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor". De lo precedentemente expuesto, se colige que cuando una persona, afectada por una medida de la Administración, pone dicha situación en conocimiento de los Tribunales de Justicia, vale decir, opta por la vía judicial, promoviendo un juicio, la Contraloría, en tal circunstancia, debe abstenerse de emitir un pronunciamiento al respecto, por cuanto la competencia para conocer de la materia se encontraría radicada en los Tribunales de Justicia correspondientes. No obstante lo anterior, cabe consignar que cualquier acción del jactancioso, en el juicio de jactancia, no torna litigioso el derecho que se reclama, por cuanto, tal como se ha manifestado, en la jactancia no se discute ni falla el fondo de los hechos y derechos que se alegaren, ni se determina la procedencia o no del derecho que se reclama, sino que sólo tiene por objeto obligar al jactancioso a deducir demanda, en juicio ordinario, en contra del jactado. Por consiguiente, en atención a que la demanda de jactancia en ningún caso inhibe la competencia de la Contraloría General y no impide el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras y contraloras respecto de materias que, por expresa disposición constitucional y legal, son de su entera y exclusiva competencia, corresponde emitir un pronunciamiento en relación a las presentaciones del rubro efectuadas por las personas antes mencionadas; reconsiderándose, por lo tanto, el dictamen N° 37.564 de 1999, emitido en contrario. Al respecto, útil resulta consignar que a la señora Sonia Araya Marín le asiste el derecho a percibir la indemnización del artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, pues la propia norma exige que el cese efectivo de servicios se haya producido por alguna causal similar a las establecidas en el artículo 3° de !a Ley N° 19.010 -actualmente incorporado como artículo 161 del Código del Trabajo-, como sería la falta de adecuación laboral del trabajador, producida por su mal estado de salud declarada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, situación que consta en el decreto alcaldicio N° 1092 de 1998, que puso término a la relación laboral de la recurrente (aplica criterio contenido en el dictamen N° 27.975 de 1999). El mencionado artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, previno que las eventuales indemnizaciones solamente podrán ser percibidas "al momento del cese efectivo de servicios, cuando éste se hubiere producido por alguna causal similar a las establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010". Así, del tenor de la regla de la especie, se infiere claramente que el legislador no dispuso la aplicabilidad directa del artículo 3° citado, sino que manifestó que el cese de funciones, basado en la ley 19.070, debía tener su origen, con independencia del motivo que lo produzca, en una causal similar a aquéllas consultadas en esa disposición. De esta manera, la norma en comento, se refirió simplemente al cese efectivo de servicios y no a una determinada causal de despido, por lo que para acceder a la franquicia de que se trata, basta que la expiración de funciones, esté fundada en un motivo semejante a aquéllos que detalla el artículo 3° de la Ley N° 19.010, como es la falta de adecuación laboral del trabajador, producida, en la especie, por el mal estado de salud de la señora Sonia Araya Marín, que dio lugar a su jubilación por invalidez. En consecuencia, habida consideración de lo expuesto, cabe concluir que a la recurrente, le asiste el derecho a percibir la indemnización contemplada en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, por lo cual la Municipalidad de Arica deberá arbitrar las medidas destinadas a cumplir, a la mayor brevedad, con el pago correspondiente. Finalmente, en cuanto al señor Guido Coscio Pacci, quien solicita la nulidad de todo lo obrado por la Municipalidad de Arica y se le reincorpore a sus labores de profesor, útil resulta consignar que de los antecedentes que obran en poder de este Organismo de Control, se ha podido constatar que mediante el decreto N° 1239 de 1998, se puso término a su relación laboral, por la causal de necesidades de la empresa y que además, se le pagó una indemnización por $4.281.189, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, suma que recibió a su entera satisfacción, según consta de una acta de recibo de indemnización de fecha 8 de julio de 1998. Sobre el particular, cabe advertir que la reiterada jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida -entre otros- en el dictamen N° 27.975 de 1999, ha manifestado -en lo que interesa- que la norma del artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, ha querido atender las necesidades del profesional de la educación considerando solamente su situación y aspectos personales y no se refiere a la facultad del empleador de poner término a la relación laboral del docente, lo cual implicaría, derechamente, la imposición de una nueva causal de término, las cuales, en forma expresa, se encuentran establecidas en el artículo 72 de la Ley N° 19.070. Así, no cabe sino concluir que la Municipalidad de Arica no pudo legalmente poner fin a la relación laboral del señor Guido Coscio Pacci, por la causal invocada de "necesidades de la empresa", debiendo, por consiguiente, proceder a reincorporarlo a la respectiva dotación docente, debiendo reintegrar los dineros percibidos en razón de la aludida indemnización del artículo 2° transitorio, pues de no hacerlo se generarla un enriquecimiento sin causa en desmedro del citado Municipio (aplica criterio contenido en el dictamen N° 22.268 de 1999).