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DICTAMEN N° 000138

informando recurso de proteccion interpuesto por alcaldesa en contra de dictamen 37325/97, que concluyera que es improcedente actualmente que las municipalidades devuelvan los establecimientos de atencion primaria a los servicios de salud porque ellos estan traspasados definitivamente a los municipios, formando parte de su estructura organica, sin que exista norma legal que asi lo permita, expresa que no corresponde que un servicio publico sujeto a la fiscalizacion de contraloria, pretenda dejar de aplicar un dictamen emitido en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del ente de control, accionando judicialmente. el recurso de proteccion, como cualquier otra via jurisdiccional no es un mecanismo destinado a solucionar eventuales diferencias de opinion sobre la interpretacion de los preceptos administrativos, entre contraloria y los servicios sometidos a su control, dado que tanto la constitucion como la legislacion organica le han conferido al ente fiscalizador facultades para interpretar esas normas, ejerciendo un control de legalidad mediante la emision de dictamenes obligatorios para tales servicios, por lo que estos deben darles cumplimiento, sin desmedro de poder solicitar su reconsideracion, forma administrativa normal a traves de la cual pueden revisarse las decisiones contraloras. aceptar la accion judicial de un servicio en contra de estas ultimas menoscabaria gravemente las facultades de contraloria y colocaria al servicio en una situacion de rebeldia e incumplimiento de una obligacion, ya que cuando se deja de cumplir un dictamen, lo que se incumple en realidad es la norma interpretada legitimamente. asimismo, no tendrian sentido las disposiciones que consagran la obligatoriedad de los dictamenes de este ente de control. la aceptacion a tramitacion de la proteccion en contra de un pronunciamiento contralor, afecta ademas la autonomia y facultades que la carta fundamental reconoce a este organismo fiscalizador en cuanto al ejercicio de la toma de razon de los actos de la administracion, desvirtuandose tambien la razon de ser de tal recurso, cuyo fin es el cautelar los derechos esenciales de las personas, pero no servir como instrumento para eximirse de una obligacion legal o cuestionar determinadas funciones de contraloria. tampoco existe norma legal que faculte expresamente a las municipalidades para interponer esa accion cautelar en contra de este ente fiscalizador por la emision de algun dictamen, por lo que no estan legalmente habilitadas para accionar judicialmente. finalmente, contraloria y los municipios forman parte de una unidad estructural, armonica e interrelacionada que es la administracion estatal conforme articulos 38 de la constitucion y 1 de ley 18575, por lo que no es logico ni conveniente que ambas entidades resuelvan sus diferencias en el ambito judicial. por otra parte, solucionar una controversia planteada sobre determinadas interpretaciones sustentadas respecto de normas que rigen a los servicios de atencion primaria de salud municipal, no es el objetivo de la proteccion por tratarse de un asunto de lato conocimiento y por ende ajeno al fin de ese recurso establecido como un mecanismo de emergencia. en cuanto al fondo, el presente informe se refiere al traspaso de los establecimientos de salud referidos (provisorios o definitivos), evolucion de las normas relativas al traspaso dentro del proceso descentralizador del pais, situacion del personal y su regimen juridico y funcion municipal respecto de la salud

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